Quejas y denuncias

Ciudadanos se oponen a la descentralización de la SACMEX

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Para garantizar el respeto al Derecho Humano al Agua es necesario el acceso a la información y la participación de todxs en la toma de decisiones

Actualmente el SACMEX es un organismo desconcentrado, esto es un órgano de gobierno que entrega sus ingresos al arca pública, sus tarifas y presupuesto requieren la aprobación de la legislatura. Si se convirtiera en organismo descentralizado, se volvería una empresa paraestatal, con personalidad jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio. Manejaría sus propios ingresos y presupuesto, la firma de su Director general sería suficiente para adquirir deudas, signar contratos y concesiones y vender elementos de su patrimonio, sin contrapesos ni consulta a la población. Así se facilitarían los procesos de privatización y despojo, incluyendo la conversión a una asociación público-privada.

El agua es esencial para la vida. No obstante, el modelo extractivista y privatizante que impera en el país ha derivado en la determinación de un alto valor económico en zonas específicas sobre la calidad y la cantidad del agua. Según datos de la SEMARNAT, ocho de cada 10 mexicanos tienen servicio de agua potable y siete de cada 10 cuentan con sistema de drenaje. Sin embargo, la cobertura resulta insuficiente, debido a factores como: los criterios discriminadores de asignación que no garantizan que el agua se destine para los usos más comunes de los habitantes, mientras tanto no se restringe la sobreexplotación de los acuíferos, los recursos públicos son destinados para mega-obras, se autorizan actividades dañinas que causan contaminación y destrucción sin que haya consulta o sanción, etc. Todas estas formas de administración del agua ocurren bajo un sistema autoritario que es posible revertir.

En la actualidad, sucede que “los usuarios” del agua se encuentran lejos de donde se almacena la misma y se requiere de grandes inversiones en infraestructura hidráulica para proporcionarles el recurso, donde el ejemplo más claro es la Ciudad de México. De esta manera el líquido se transporta a costos elevados y crecientes desde lugares cada vez más distantes. Para dotar de agua a estas zonas urbanizadas se despoja a pueblos originarios de sus manantiales, ríos y tierras, incrementando la desigualdad social, la pobreza y los índices de mortandad.

Tal y como funciona el sistema de administración de aguas en el país, se estima que esta no durará mucho y se ha hecho creer que la única vía para solucionar el problema de administración de un bien común es su privatización. Todas las políticas destinadas a dotar de agua a los habitantes de México, se enfocan en sistemas extractivistas que solo garantizan una distribución inequitativa del agua donde aquellos que pueden pagar los costos de extracción y traslado se beneficiarán de este servicio. Son más y más los mega-proyectos para la mercantilización del agua—como lo es el emisor oriente—que los recursos para sistemas comunitarios del agua son escasos, a pesar de que sean más sustentables. Este tipo de pensamiento de libre mercado que se impone sobre la distribución del agua, lleva a pensar que lo más óptimo para todos es la privatización. Pero desde aquí decimos que esa no es una opción.

El Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento está reconocido tanto a nivel nacional en el artículo 4° Constitucional, como internacional. La importancia de este recurso no puede estar sometida a la lógica de mercado ni sujeta a grupos políticos o empresariales que la manejen sin rendir cuentas a los habitantes, hipotecando su uso con la adquisición de deudas que pagaremos todos tengamos agua o no. Es fundamental la transparencia y la discusión pública en lo relacionado a inversión en el tema del agua, algo que se nos ha negado a pesar de que existe también el derecho a la información.

Aunado a esto, en diciembre del año pasado el Gobierno de la Ciudad de México anunció la inversión de 10 mil millones de pesos del Banco Mundial para abastecer a esta metrópolis en su totalidad con agua potable. A pesar de que en apariencia es una buena noticia, los acuerdos del GDF con el Banco Mundial no se transparentan, lo cual continua la lógica de un sistema de distribución del vital líquido sumamente autoritario y sometido a la lógica del mercado donde el agua es para el lucro y no para la vida. Este tipo de acuerdos evidencian que no debemos permitir más este sistema y por tanto la propuesta de Agua para Todxs, agua para la vida, es transformar la realidad del sistema extractivista en un buen gobierno del agua que nos garantice el suministro equitativo y no dañe al medio ambiente ni despoje a las comunidades de sus tierras.

Para garantizar el respeto al Derecho Humano al Agua es necesario el acceso a la información y la participación de todxs en la toma de decisiones. Nos mostramos en contra de que haya acuerdos que comprometan el agua con sectores de empresas privadas o trasnacionales, dirigiendo un bien común a su privatización. Sin agua no hay vida, y para obtenerla no necesitamos devastar al medio ambiente y secar los ríos y manantiales, necesitamos una gestión comunitaria donde todos participemos y podamos abonar al ciclo natural del agua, cuidando el subsuelo y los demás recursos naturales.

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