Cualquier mecanismo legal de militarización de la seguridad interior de México crearía un riesgo muy alto de multiplicar las violaciones a los derechos humanos
Advierte Ernesto López Portillo, que cualquier mecanismo legal de militarización de la seguridad interior de México crearía un riesgo muy alto de multiplicar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de elementos castrenses.
El consultor en seguridad nacional y coordinador técnico de la conferencia internacional, dijo que se apruebe o no la Ley de Seguridad Interior, se apruebe o no una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, o se apruebe cualquier mecanismo jurídico que autorice expresamente a los militares realizar funciones de seguridad pública, además de inconstitucional, “implica el escalamiento de los riesgos de violaciones a derechos humanos”.
Subrayó que, al menos de facto, la militarización de la seguridad pública ya se hizo, pues los militares están en las calles. “Estamos hablando de más de 50 mil miembros de las Fuerzas Armadas operando en lo que ellos llaman ‘actividades de reducción de la violencia’; mas no hay evidencia de que su operación en terreno reduzca la violencia. O sea que con la militarización se está tratando de incrementar algo que ya se hace y que se está demostrando que no funciona; pero además genera problemas con los derechos humanos”.
No obstante, añadió, esta tendencia “parece no tener descanso”, toda vez que en los presupuestos para 2018 ya se vislumbra “que seguirá existiendo la inversión dirigida principalmente a los militares”, advirtió López Portillo.
Empero, López Portillo reconoce que la militarización de la seguridad en México se ha dado por la incapacidad de las policías civiles (municipales, estatales y federal), aunado a la incapacidad política del Presidente de la República y de los gobernadores de tomar las decisiones adecuadas para mejorar los indicadores de seguridad.
Esta última es la razón que explica el interés gubernamental porque sea aprobada la Ley de Seguridad Interior. “El motivo de fondo es la incompetencia política para generar una respuesta de seguridad en manos de los civiles. Lo grave es la evasión, la renuncia, la decisión política de los civiles de transferir el enfrentamiento del problema de inseguridad a los militares; es una capitulación civil para entregar a los militares la solución del problema”.
El consultor afirmó: “La inseguridad y la violencia está afectando no solamente la calidad de vida de los mexicanos, sino también la capacidad de las autoridades de gobernar. Estamos viviendo un problema de gobernabilidad asociado a la violencia; de ahí la relevancia de abordar este tema en la conferencia internacional, donde resaltaremos la necesidad de reconstruir las políticas públicas de seguridad”.
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