En una resolución, los eurodiputados instan a la Asamblea Legislativa salvadoreña a reformar el Código Penal para despenalizar el aborto, al menos en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida de la madre o para su salud física o mental, en caso de grave malformación o inviabilidad del feto o en casos de violación o incesto.
A la espera de los cambios legislativos, que llevan bloqueados en la Asamblea desde octubre de 2016, apelan a las autoridades del país a suspender la aplicación de la legislación en vigor, que prohíbe completamente el aborto, sin ninguna excepción.
Desde 2000, al menos 120 mujeres han sido procesadas en El Salvador por la muerte del feto en los últimos meses de embarazo. De ellas, 26 fueron condenadas por homicidio y 23 por aborto, en ambos casos a penas extremadamente largas. Son, en su mayoría, mujeres jóvenes, pobres, con poca formación y procedentes de comunidades remotas.
Los eurodiputados piden la suspensión de las penas para dos casos recientes: Teodora del Carmen Vásquez, cuya última apelación fue rechazada esta semana y quien lleva ya diez años en prisión, condenada a un total de treinta, y Evelyn Beatriz Hernández Cruz, cuya sentencia fue confirmada en octubre pasado.
La Cámara lamenta que “el cuerpo de las mujeres y las niñas (…) siga siendo un campo de batalla ideológica” e insta a las autoridades salvadoreñas a reconocer el derecho inalienable a la integridad de su cuerpo. Para los eurodiputados, la prohibición general del aborto, incluso en caso de violación o incesto, así como la negativa a facilitar una cobertura sanitaria gratuita en caso de violación, son “equiparables a la tortura”.
Antecedentes
El texto destaca que la violencia de género es un problema serio en El Salvador, donde una mujer es agredida sexualmente cada tres horas, y más de mil mujeres fueron asesinadas en 2015 y 2016. El país tiene, además, una elevada tasa de embarazos entre niñas y adolescentes, en muchos casos resultado de violación y abusos. Según datos del Gobierno, en 2015, hubo mil 445 embarazos de niñas entre 10 y 14 años.
Las mujeres que sufren embarazos espontáneos o dan a luz fetos muertos suelen ser procesadas por sospecha de haber abortado, y tras la denuncia en muchos casos de personal sanitario, que teme, a su vez, sanciones en caso de no hacerlo.
Por ello, el Parlamento Europeo solicitó al gobierno de El Salvador, que todas las mujeres y niñas encarceladas en ese país tras sufrir abortos espontáneos o alumbrar un bebé muerto, deber ser liberadas.
