El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete Gutiérrez, pidió modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque el artículo 60 en materia de sanciones remite a un hoyo negro donde se pierde el tema de la responsabilidad de los servidores públicos.
Solicitó integrar un capítulo con perspectiva de género donde se plantee qué responsabilidad debe tener el servidor público que no emita una orden de protección a una mujer en situación de violencia, y qué se hará con autoridades que siguen patrones de omisión y maltrato. «Se debe sancionar a autoridades omisas, que lejos de ayudar y contribuir a la solución del problema de violencia, en muchos estados los agentes del ministerio público repliquen la violencia institucional”.
Al hablar de retos y perspectivas del mecanismo de alerta de violencia de género, dijo que la violencia y discriminación es una práctica generalizada con arraigo y permisividad social; es decir, existe un contexto grave de criminalidad en el país que provoca, cada cuatro horas, la muerte violenta de una mujer, seis al día, según estadísticas de 2015. “Es inadmisible que tengamos altísimos números de homicidios que nos hablan que al mes tenemos 180 mujeres asesinadas y al año dos mil 190”, agregó.
Consideró que no se ha entendido la figura de alerta de género porque sigue siendo satanizada y sobredimensionada, es decir, “se cree que sólo con la emisión de la alerta se va a resolver un problema estructural y ancestral de violencia y no va a ser así”.
La herramienta de alerta debe servir para que las autoridades locales, municipales, estatales y federales generen y articulen de medidas para enfrentar una situación así.
Este tema no es presupuestal, es de voluntad política. “Tenemos que ser muy serios con el tema de recursos. En esta Cámara se ha etiquetado un presupuesto único en América Latina, actualmente hay cerca de 27 mil 400 millones de pesos, y para el próximo año serán cerca de 70 mil millones”.
La alerta por violencia de género nació muerta en muchas entidades, advirtió la diputada presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género, Karen Hurtado Arana, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). «Es aberrante que las cifras de mujeres muertas crecen y las autoridades dicen que solo es una estadística más, es lamentable que las mujeres se vean como una estadística”.
Señaló que no existe suficiente información sobre la violencia que sufren las mujeres a nivel nacional; “en el país, solo 31 entidades reconocen el tema”. Por lo que consideró que es momento de que la sociedad civil alce la voz y exija a las autoridades lo que les corresponde hacer, y que el Legislativo trabaje para garantizar una vida libre de violencia.
La presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos Por Razones de Género, diputada Maricela Contreras Julián, de Morena, manifestó que en 10 años se han registrado más de 26 mil asesinatos de mujeres, debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo.
Añadió que los mecanismos de alerta de violencia en los estados implementan un procedimiento muy largo, y comentó que Ciudad Juárez, Chihuahua, fue paradigma en este tema, porque a partir de que se registró la violencia contra la mujer, se comenzó a hablar del tema en todos los estados.
Subrayó que hoy, el Estado de México es la entidad más violenta de la República, “pero no hay un solo estado que se salve, no importa quién lo gobierne”.
En su momento, la diputada integrante de la Comisión de Igualdad de Género, Concepción Villa González, de Morena, indicó que el procedimiento para eliminar una alerta es tardado, lo que genera un estado de emergencia por violencia feminicida. “Urge revisar y analizar el instrumento de las alerta de género, con el fin de implementar acciones que garanticen el cese de la agresión en contra de las mujeres”, consideró.
Al señalar que las alertas de violencia de género contra las mujeres son un mecanismo para proteger sus derechos humanos y es único en el mundo, mencionó que los municipios que reportan una alerta no han presentado avances significativos en la reducción de la violencia contra mujeres asesinadas por su género.
Las instituciones no atienden ni sancionan los feminicidios, “los ministerios públicos siguen omitiendo acciones claves durante la investigación de este delito, además de que la coordinación intersecretarial para una efectiva implementación de políticas públicas de prevención es inexistente”.
Las estadísticas muestran que en los últimos 10 años la violencia contra las mujeres en México no ha disminuido, por ello, consideró se debe trabajar más en el tema, pues no atenderlo y prevenirlo, dañará sus derechos humanos y su plena participación en la vida pública del país.
