Proyecto de ley incluye la nueva figura de delito contra el espacio público donde se sanciona tanto al particular como al funcionario que permita y usufructué las áreas comunes
En la iniciativa de Ley del Espacio Público, que hoy presentó el diputado Víctor Hugo Lobo Román, se contemplan fuertes sanciones económicas e inhabilitación permanente en contra de funcionarios omisos, y la cual garantiza los derechos de “cuarta generación” de los capitalinos consistentes en disfrutar los espacios públicos como lugares de cohesión social.
El objetivo de la iniciativa del legislador del PRD, que incluye 177 artículos y 11 capítulos, es recuperar los espacios públicos y combatir los fenómenos de violencia, drogadicción, tráfico vial, basura, ruido, contaminación visual, calles y avenidas mal diseñadas o insuficientes, transporte público de pésima calidad, cuellos de botella e infraestructura deteriorada por abuso de inmobiliarias, empresas gaseras y telefónicas.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática sostuvo que un bache no atendido con prontitud y que haya causado daños a los automovilistas, una construcción en riesgo no verificada y que presente afectaciones a los vecinos, o más aún, la invasión de los espacios públicos, tendrá un funcionario responsable y en casos de omisión voluntaria o involuntaria, será sancionado con todo rigor.
Lobo Román advirtió que ningún servicio urbano que ponga en peligro la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos, dejará de ser atendido por el servidor público, aunque no sea de su competencia. Se establece la obligación y correspondiente sanción a las autoridades o funcionarios de todos los niveles, apuntó.
El ex delegado en Gustavo A. Madero, explicó que su proyecto de ley incluye la nueva figura de “delito contra el espacio público”, donde se sanciona tanto al particular, como al funcionario que permita y usufructué las áreas comunes.
Así, Lobo Román señaló que su propuesta tiene como propósito regular el espacio público, las redes subterráneas como gasoductos de gas doméstico, tendido de fibra óptica de televisión y telefonía, instalación de casetas telefónicas y en general, el cableado de todo tipo.
Precisó que el artículo 4 de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. “El Estado está obligado a garantizarlo, y por lo tanto, no caben comportamientos que rompen y violentan la cordialidad y urbanidad, pues suponen una agresión a la convivencia”, afirmó.
El diputado Lobo Román destacó que el espacio público es el lugar de la libertad democrática y social de las tradiciones y sin «restricciones» de índole política para los ciudadanos, tanto es así que la constitución de la Ciudad de México, la más garantista y progresista del país y probablemente del mundo, determina en su artículo 13 el derecho del espacio público y mandata la legislación reglamentaria en sus transitorios.
“Los constituyentes plantearon en 132 iniciativas el derecho al espacio público, por ello nuestra Constitución establece las directrices para la normatividad reglamentaria y hace exigible este derecho para los capitalinos.
“Como gobierno democrático estamos categóricamente obligados a crear, cuidar, incrementar, recuperar y regular los espacios en donde convergen las ideas, la organización, el diálogo político y las manifestaciones sociales”, plantó.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas del Uso y aprovechamiento del Espacio Público y de Derechos Humanos.
