Estos sujetos deberán pagar multas de 4 mil días de salario mínimo aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos
IXTLAHUACA, EdoMéx.- En noviembre de 2016, Erika Palomeque Orozco, Josefina Pineda Reyes y Luis Ángel Jaimes secuestraron a una mujer en el municipio de Jiquipilco, por lo que fueron detenidos y luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de estas tres personas en el delito, la Autoridad Judicial con sede en Ixtlahuaca les dictó una sentencia condenatoria de 50 años de prisión.
Los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social fueron determinantes para que un Juez dictara esta condena en contra de Erika Palomeque Orozco, Josefina Pineda Reyes y Luis Ángel Jaimes Pineda,
Las investigaciones realizadas por personal de esta institución permitieron establecer que el día de los hechos, la víctima salió de su domicilio a bordo de su vehículo en la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Jiquipilco, donde fue interceptada por varios sujetos quienes la privaron de la libertad y luego la trasladaron a un inmueble de la colonia Miraflores, en el municipio de Jilotzingo donde la mantuvieron cautiva.
Estas personas luego se comunicaron con los familiares de la víctima, a quienes les hicieron saber que la tenían secuestrada y les exigieron una fuerte suma económica a cambio de su liberación, por ello la familia denunció los hechos ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Cabe mencionar que derivado de un trabajo de investigación realizado por elementos de la Fiscalía de Secuestro del Valle de Toluca fue montado un operativo en esa región de la entidad que dio como resultado la liberación de la víctima, así como la detención de estas tres personas, mismas que fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público, autoridad que luego las remitió ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca en donde quedaron a disposición de un Juez, quien previo proceso legal les dictó esta condena.
Además de la pena privativa de libertad, estos sujetos deberán pagar multas de 4 mil días de salario mínimo, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
