Policiaca

Aseguraban ser de una organización delictiva de Guerrero; pasarán 55 años en la cárcel por extorsión

Estos individuos deberán pagar multas de 208 mil 164 pesos y 26 mil pesos como reparación del daño aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos

VILLA VICTORIA, EdoMéx.- Sergio Franco Lugo, Carlos Salomé Antonio, Armando Castro Espinoza, José Granados Arroyo y Oscar Esquivel Reyes, están sentenciados a 55 años de cárcel pro el delito de extorsión. El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de estos cinco sujetos en el ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez les dictó tal condena.

El delito cometido por estos sujetos ocurrió en el mes de abril del año 2016, cuando extorsionaron al dueño de un lote de automóviles, en el municipio de Villa Victoria.          

Los ahora sentenciados se ostentaban como integrantes de una organización delictiva con orígenes en el estado de Guerrero y se presentaron en un negocio de venta de vehículos y auto lavado, ubicado a un costado de la carretera federal Toluca-Zitácuaro, en el kilómetro 33.5, de la comunidad El Hospital, del mencionado municipio. En este lugar le exigieron dinero al dueño del inmueble a cambio de no hacerle daño a él o a su familia.

Ante las constantes amenazas, la víctima solicitó la intervención de elementos de la Policía estatal, quienes montaron un operativo en ese municipio y llevaron a cabo la detención de estos cinco sujetos, momentos después de que habían recibido dinero producto de la extorsión.

Los sujetos asegurados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación por estos hechos y luego los remitió ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, para que determinara su situación legal.

Además de la pena privativa de libertad estos individuos deberán pagar multas de 208 mil 164 pesos y 26 mil pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

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