Los niños no son la propiedad de sus familias ni tampoco son objetos indefensos de la caridad
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) considera necesario que el Gobierno de la Ciudad de México, revise el espacio público para regular el trabajo infantil en las estaciones del Metro, tianguis y otros lugares donde los niños son explotados laboralmente por sus padres o tutores.
Según datos del INEGI existen 2.1 millones de niños menores de 14 años que se encuentran laborando en diferentes espacios públicos en México, por lo que es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México pueda canalizar estrategias claras que permitan su desarrollo integral mediante la vigilancia de la autoridad para que los padres y tutores no ocupen a los menores como fuente de ingreso.
Cabe señalar que la Ciudad de México laboran alrededor 128 mil 100 niños equivalente al 6.1% del universo de los datos que arrojo el INEGI, señalo el comisionado para América Latina y el Caribe Victor Hugo Gutiérrez Yáñez de la CIDHPDA, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, debiera la procurar la satisfacción del desarrollo integral de los infantes, «es necesario que tengan derechos concretos que reconozcan su necesidad de recibir una protección especial, ya que ellos son el futuro de México», apuntó.
«No olvidemos que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que es preciso convertir en realidad sus derechos para que los niños desarrollen su pleno potencial y no sufran a causa del hambre, de necesidad, de abandono, de los malos tratos y sobre todo ser un medio económico para la obtención de recursos económicos. Esta convención refleja una nueva visión sobre la infancia. Los niños no son la propiedad de sus familias ni tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y son también los titulares de sus propios derechos», aseguró el comisionado.
Gutiérrez Yáñez señaló también que la Convención y su aceptación en tantos países han servido para defender la dignidad humana fundamental de todos los niños y la necesidad urgente de asegurar su bienestar y su desarrollo. La Convención deja muy clara la idea de que una calidad básica de vida debe ser el derecho de todos los niños, en lugar de un privilegio que disfrutan solamente unos cuantos.
La ratificación casi universal de la Convención refleja el compromiso del mundo con los principios que sustentan los derechos de la infancia. Al ratificar la Convención el Estado Mexicano y los gobiernos indican su intención de convertir en realidad este compromiso.
Los Estados parte están obligados a enmendar y promulgar leyes y políticas que pongan plenamente en práctica la Convención, y deben asegurar que todas las medidas se tomen en consonancia con el interés superior de la niñez. La tarea, sin embargo, debe contar con la participación no sólo de los gobiernos sino de todos los miembros de la sociedad.
Las normas y los principios que se articulan en la Convención solamente pueden convertirse en realidad cuando sean respetados por todos, en la familia, en las escuelas y en otras instituciones que proporcionan servicios a la niñez, en las comunidades y en todos los niveles de la administración pública, por lo que el Gobierno de Esta Ciudad y el Estado de Mexicano deben ser garantes de una realidad que vive la niñez mexicana, que ésta no debe ser un instrumento para una lamentable explotación infantil, afirmó.
