En cinco meses de la actual administración se registraron 67 casos de linchamiento con 107 víctimas frente a los 174 casos con 271 víctimas registrados durante todo 2018
En los primeros cinco meses de la actual administración se registraron 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, frente a los 174 casos con 271 víctimas registrados durante todo 2018, lo que significa que este fenómeno crece vertiginosamente en nuestro país, señaló el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez.
Esto, dijo, está documentado en el el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, que presentó en mayo pasado, donde detalla que los linchamientos muestran tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015.
Indicó que en 2016, el incremento respecto a 2015 fue de 37%, mientras que 2018 presento un claro repunte, con aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018. «Los datos que se registran en 2019 confirman esa tendencia, ya que en los cinco primeros meses se han registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, frente a los 174 casos con 271 víctimas, presentado durante todo 2018».
González Pérez dijo que los linchamientos son un problema vigente en el país, que se debe atender y prevenir, enfatizando que los mismos son conductas ilícitas, que no constituyen una vía para alcanzar la verdad y la justicia, siendo un imperativo que los casos que se presenten se registren, investiguen debidamente y, con base en ello, se impongan las sanciones procedentes.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recalcó que la seguridad de la sociedad y la aplicación de la ley no puede quedar en manos de particulares; siendo las autoridades quienes tienen la obligación de asumir tales responsabilidades y garantizarlas. «Pretender lo contrario abre la puerta a que los ilícitos se combatan con otros ilícitos y la violencia se pretenda abatir con más violencia, al margen de la ley y de las instituciones.
Considera que la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de seguridad pública para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, han propiciado que se canalice o dirija el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas contra quienes consideran o suponen que cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen.
De igual forma, señaló que el aumento de los linchamientos, ilustra la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, el control sobre el territorio, y para garantizar la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad.
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