Los ejes rectores son la protección de los derechos humanos, del derecho e interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Como parte del Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia Contras las Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México planteó la creación del Banco de ADN para uso forense, con el cual se avanza en la lucha contra la violencia de género. Es es una estrategia fundamental para atender el tema de la impunidad en materia de delitos sexuales.
El Banco de ADN tiene como objetivo proporcionar información para el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de investigación del orden criminal vinculados a secuestro y delitos sexuales en los que la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, con la finalidad de identificar a los agresores. Esto permitirá proceder a la detención de las personas que resulten responsables y, en su caso, a la sanción coforme a derecho, con el fin de evitar la impunidad.
En la actualidad, la investigación depende en gran parte de los avances de la ciencia, ya que la información genética se ha convertido en un instrumento esencial de las técnicas de la medicina forense para la investigación de delitos de diversa índole.
Es por ello que la iniciativa de Ley, entregada al Congreso local, plantea que el Banco de ADN o de perfiles genéticos se conforme por cinco grandes bases de datos: de indicios y evidencias de personas detenidas e imputadas, sentenciadas, víctimas, servidores públicos de Seguridad Ciudadana, de Procuración de Justicia, de integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, además de quien es titular de la Jefatura de Gobierno, de prestadores de servicios de seguridad Privada y de aquellas que de manera voluntaria aporten su material genético para el esclarecimiento de algún delito.
Se tiene considerado que los procedimientos para realizar recolección de muestras, procesamientos, confronta, manejo y resguardo de la información, así como los protocolos de seguridad, se realizarán con un enfoque de gestión de calidad y estarán apegados a estándares y prácticas internacionales.
La información sólo podrá ser usada para identificar a los agresores sexuales y secuestradores, por las autoridades facultadas para ello, que son el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales, garantizando en todo momento la protección de los datos personales, es decir, de los perfiles genéticos e indicadores de ADN que se aporten.
En suma, tiene como ejes rectores la protección de los derechos humanos, del derecho e interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Foto: Archivo (Ilustrativa)
