El pleito es porque Bonilla Valdez no está de acuerdo con que haya una caseta de peaje en Las Playas.
TIJUANA, BC.- Todavía no sale de un pleito y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se mete en otro. Ahora interpuso una denuncia penal contra distintas autoridades por despojo y el uso excesivo de fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México en toma de la caseta de peaje de Playas de Tijuana.
Luego de que el mandatario estatal se presentara en la mencionada caseta, acompañado de funcionarios y ciudadanos, para retirar la pluma y dar acceso libre a automovilistas, y que este acto fuera repelido por elementos de la fuerza pública, Bonilla Valdez reprobó enérgicamente , el 9 de julio, la actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) por usar a la Guardia Nacional para recuperar la caseta de cobro de Playas de Tijuana, que el 4 de julio «liberó» mediante decreto y en cumplimiento a uno de sus compromisos de campaña.
Calificó de reprochable el proceder de elementos de la GN en Baja California, al someter con dureza y coraje a las personas que en su libre derecho protestaban en contra del cobro de peaje para transitar en el tramo de casi 20 kilómetros, entre Playas de Tijuana y Playas de Rosarito.
Subrayó que no había necesidad de que CAPUFE mandara al Ejército y la Guardia Nacional para golpear y arrestar a ciudadanos que lo único que quieren es que se respete sus derechos humanos y civiles.
«Le ponemos un ‘tache’ a la GN por prestarse en estas acciones injustas, arbitrarias e indignantes; necesitan aprende sobre derechos humanos», expresó, y agregó que no es la actuación esperada de esta institución a la que le construyó una comandancia regional en Tijuana. «Fui el primer gobernador en la República Mexicana, en dotar a la GN de instalaciones dignas y cómodas, con el apoyo de empreasarios, voluntarios y recursos gubernamentales».
Al fijar su postura sobre las declaraciones vertidas por la SCT, en el sentido de que fue un ilícito la liberación de la caseta por parte del Gobierno estatal, Bonilla Valdez dijo que «ellos no son nadie para decir qué es un ilícito… si este es un acto inconstitucional, que vayan a los tribunales… siempre lo he dicho, si pierdo, respeto; pero el pueblo de Baja California está cansado de abusos».
En la video transmisión en vivo por Facebook envió un mensaje al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que no permita este tipo de abusos. «Quién es el secretario de Comunicaciones y Transportes para ordenar una cosas como ésta?, quién es el director de CAPUFE?, son unos empleados que de repente se les ocurrió… ¡…vamos a mandar a la Guardia Nacional y vamos a enseñarle a Baja California quien manda…!
Al pedirle al mandatario federal que la Guardia Nacional se retire de la caseta de cobro, así como la renuncia del titular de SCT, Javier Jiménez Espriú, si no corrige el agravio, el jefe del Ejecutivo estatal confía en que el Presidente de México reaccione positivamente y ponga orden. «Baja California, entre paréntesis, es el estado que más lo quiere, porque ni siquiera en el estado de Tabasco votaron como votaron en Baja California».
El gobernador de Baja California también solicitó al Congreso local, que presente un exhorto o iniciativa al (Congreso) Federal para expropiar la carretera que le expropiaron a los bajacalifornianos. «La expropiaron porque no la quisieron pagar, la hicieron de paga y hemos estado pagando con sangre», concluyó, al decir que de esta caseta la autoridad federal ha recaudado mucho dinero, que no ha sido regresado al estado.
Asegura que AMLO intervendrá
Este domingo 12 de julio, Jaime Bonilla aseguró que el presidente López Obrador, ya «tomó cartas en el asunto» para dar solución al conflicto de la caseta de cobro en Playas de Tijuana, de una manera pacífica y a favor del pueblo, no de la SCT.
«En esta semana van a tener noticias, el señor presidente de México ya se aplicó al tema, ya dio unas instrucciones que no estoy en libertad de decirlas porque no conozco los detalles. Hoy dio instrucciones (el presidente) de que este asunto se resuelva, porque fue un compromiso de él, pero me está pidiendo que les diga a los ciudadanos que no incurran en violencia».
El gobernador Bonilla Valdez reiteró que el Gobierno de Baja California reprueba la violencia y la forma en que la Guardia Nacional e incluso la Marina, se enfrentaron hace días con violencia a un grupo de personas, que lo único que hacía era hacer valer el decreto que el titular del Poder Ejecutivo ya había suscrito y en el que se eliminaba el cobro de la caseta.
Denuncia ante FGR
Sin embargo, parece que López Obrador no cumplió su palabra de intervenir, pues este lunes 13 de julio, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno anunció que ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de distintas autoridades.
¨Vengo a nombre del Gobierno de Baja California a presentar esta denuncia penal por abuso de autoridad, contra distintas autoridades, por ejercer estos derechos sin tener sustento jurídico, por despojo, ya que llegaron a las 3 de la mañana utilizando la fuerza sin que mediara la disposición de ningún juez, usaron la fuerza bruta, usaron la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional”, dijo Rodríguez Lozano.
Explicó que la denuncia también contempla el uso ilícito de atribuciones y facultades, porque todas estas autoridades no tenían ningún derecho para poder otorgar concesiones como lo hicieron en 1997 y en el año 2011; asimismo la denuncia es por el ejercicio indebido del servicio público.
“Por eso vinimos a la FGR para poner esta denuncia en contra de los funcionarios que resulten responsables, desde los anteriores hasta las autoridades actuales que siguen manteniendo esa concesión basados en actos ilegales”, dijo el Titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, (SGG).
Rodríguez Lozano dijo que esta carretera fue construida por el entonces Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz y la concesión se venció en el año de 1997; por lo que a partir de ese momento la carretera tuvo que haberse convertido en patrimonio de Baja California, una carretera de libre acceso, por lo que, añadió, a partir de entonces autoridades distintas como la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) Banobras, y posteriormente en otro sexenio nuevamente SCT y CAPUFE, sin tener derecho o autorización y sin estar basados en ninguna ley dieron una concesión primero por 20 años y luego por 40 años más.
«Esta última concesión la dieron en el 2011 sin hacerlo de conocimiento público, por lo que tendrían ellos derecho de mantener – sin tener las atribuciones – la utilización de esta carretera hasta el año hasta el año 2051, lo que es un gran abuso, por eso interpusimos esta denuncia penal”, finalizó diciendo el Secretario General de Gobierno.
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