El agua es un elemento fundamental para la producción agro alimentaria, pero acceder a ella por parte de toda la población es un derecho ineludible, es un derecho humano; ello implica hoy en día grandes retos, y es una tarea que debe asumir el gobierno de la Cuarta Transformación, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Suárez Carrera.
En diciembre de 2019, durante la sexta conferencia del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables de la SADER, el funcionario aseguró que el agua sería incorporada como tema clave dentro de las deliberaciones del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), que involucra a un conjunto de instituciones del Gobierno de México, y trabaja en pro de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, sustentable, saludable y competitivo.
El agua, señaló, “es un asunto de soberanía y seguridad nacional y de soberanía y seguridad alimentaria, y ponerlo en el centro de la discusión es vital para los propósitos de este gobierno: el bienestar y el respeto pleno de los derechos de la población. Este es un asunto de primer orden para la autosuficiencia alimentaria y para el nuevo sistema agroalimentario que buscamos”.
En esa reunión estuvieron los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sandra Vázquez Villanueva y Nahún García Villanueva, quienes delinearon lo que ocurre con el consumo de agua en la agricultura.
Nahún García, gerente de Distritos de Riego, señaló que la población del planeta, de siete mil 300 millones de personas, se perfila para llegar a nueve mil 200 millones en el 2050, lo cual significa que cada segundo nacen dos nuevos habitantes, y en lo que se refiere a México registramos cien habitantes nuevos cada hora; para el 2050 habrá un aumento de 30 por ciento en la demanda de kilocalorías. Precisó que el país cuenta con 7.3 millones de hectáreas en distritos de riego y unidades de riego, los cuales han extraídos en los últimos 15 años un promedio anual de 59 mil 700 millones de metros cúbicos. Y adicionalmente se apoyan 2.8 millones de hectáreas de temporal tecnificado.
Los funcionarios reconocieron una serie de retos para la Conagua que tienen que ver con la democratización de los servicios de agua; rehabilitar, modernizar y conservar infraestructura de riego y drenaje, y buscar un uso sustentable del agua, por medio de la contribución económica de los usuarios y la capacitación y asesoría técnica.
También participaron los integrantes de la organización Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, Elena Burns Stuck, y de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua, Brenda Rodríguez.
La primera comentó que el agua es un elemento de conflicto social. Precisó que la forma en que se ha concesionado desde 1992 (por orden de solicitud) ha ignorado derechos de núcleos agrarios e indígenas y las disponibilidades, lo cual ha propiciado una concentración de derechos de agua en pocas manos, y es algo que el actual gobierno debe corregir.
Brenda Rodríguez habló del agua desde la perspectiva de género. Explicó la importancia de que se establezcan mecanismos legales que permitan a las mujeres acceder a los derechos de agua dada la importancia que ellas tienen en la familia y en las comunidades.
Por último la agricultora de Coahuila, Elizabeth Estrada, habló de los retos que enfrentan los productores en el territorio mismo.
Han pasado nueve meses de esa reunión y unas cuantas semanas del enfrentamiento de agricultores con elementos de la Guardia Nacional por el control de la presa La Boquilla, con el saldo trágico de una madre asesinada que luchaba por el agua, y ni antes del conflicto ni ahora, se ha visto a estos funcionarios defender el derecho que tienen los agricultores del norte del país, al vital líquido. Mucho menos han detenido a los cobardes que mataron por la espalda a Jessica Silva y dejaron mal herido a su esposo Jaime Torres.
Hasta este momento, ninguna autoridad responsable ha explicado a los agricultores y a todos los mexicanos, por qué están entregando agua a Estados Unidos fuera del Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos firmado el 3 de febrero de 1944, que establece que México asigna agua a EU del río Bravo, y Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado.
Agricultores aseguran que el conflicto se derivó de la asignación de agua extra de este año, pues la cuota ya estaba cubierta y que las reservas que hay en las presas es para el campo mexicano, pero que el Gobierno de México no sólo está entregando agua de más sino que también a echado mano del recurso de presas que no están contemplas en el Tratado.
Un problema generado por el Gobierno de López Obrador, que ya provocó la muerte de una madre de familia y agricultora, ocurrido el pasado 10 de septiembre cuando elementos de la Guardia Nacional les dispararon por la espalda, y que hasta el momento nadie ha sido capaz de dar una explicación y mucho menos de resolver.
