10/27/2020
México

El silencio también implica complicidad en los casos de corrupción: CIDHPDA

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Desde la resolución en los bienes de Bartlett, los casos se han ido acumulando en la 4T, mientras en la Función Pública sigue el mutismo.

México ha tenido problemas de corrupción durante todo el siglo XIX y, lamentablemente, esta situación ha dañado el ejercicio público en todas sus modalidades, por lo que es necesario que se empiece a legislar en materia de Auditorías Preventivas en contra de funcionarios estratégicos de la Administración Federal, ya que ellos tienen en sus manos el destino del país.

Así se pronunció Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado para América Latina de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), quien agregó que en la actual administración las cosas no han cambiado y después de la resolución que presentó la Secretaría de la Función Pública sobre la denuncia en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, «se han sumado muchos casos más que no han sido resueltos, se han resuelto sin sanción a los verdaderos responsable o se solapan, «por lo que el Gobierno de la Cuarta Transformación exhibe ineficiencia en asuntos de transparencia».

Agregó, «ahora que se descubrió que en un organismo que esta administración creó, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, también hay casos no solo de corrupción sino de robo y manipulación en las subastas o favoritismos a la hora de tasa el precio de los bienes incautados por la administración anterior, ratificamos que a México le hacen falta herramientas que permitan detener la voracidad de personas que buscan partido políticos para acceder al poder y desde ahí enriquecerse a costa de lo que sea».

Por ello, considera que, «la resolución que emitió la Secretaría de la Función Pública no solo en caso Bartlett, sino en varios que ya se han sumado, no resuelve de fondo el problema de corrupción, siendo que no va más allá en la búsqueda del origen del dinero, por lo que esta dependencia tuvo que haber girado oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de conocer cómo la familia del funcionario obtuvieron los recursos económicos desde la instalación y puesta en marcha de las empresas privadas».

Destacó que, «es necesario legislar en esa materia y obligar a la Función Pública a realizar auditorias preventivas para que certifique el ejercicio público. Ahora ya se sumaron más casos y la Función Pública no se ha pronunciado, el silencio implica complicidad».

Destacó que la corrupción en América Latina atenta contra los derechos humanos, siendo que desestabiliza el Estado de Derecho y esto ocasiona acciones que perjudican de manera directa a la sociedad, por lo que es necesario combatirla y erradicarla. «Ya que no sería mal, pensar que los recursos en propiedades que no fueron declarados por la cantidad de 800 millones de pesos, puedan entrar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado».

El comisionado enfatizó que, «la responsabilidad es cada vez mayor para la Cuarta Transformación de este nuevo gobierno, por lo que es necesario que si en vedad se busca transformar a México, se deben tomar acciones muy radicales, tales como entregar a la oposición las directrices de la revisión de la función pública, con la finalidad de generar candados que no permitan tener manga ancha en los recursos público. Esta actuación que han llevado en casos de corrupción de sus funcionarios, sólo exhiben deficiencia en asuntos de transparencia, mismos que deben fortalecer para los siguientes años».

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