Lejos de lo que se decía, la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) jugará un papel preponderante en la conformación de la Ciudad de México.
Antes de su desaparición para constituirse en Congreso, la ALDF deberá aprobar parte del entramado jurídico que dará soporte a la Constitución.
Una vez que la Asamblea Constituyente apruebe la Carta Magna, la actual legislatura deberá discutir y aprobar la Ley Electoral de la Ciudad de México.
Dicha ley, especificará la manera en que se tendrá que elegir al próximo gobernante, a los alcaldes y diputados locales.
Otra ley regirá el funcionamiento administrativo de las alcaldías y los concejales (la Constitución definirá el número de alcaldías).
Paralelamente, reglamentará las facultades del Poder Ejecutivo que empezará funciones el 1 de diciembre de 2018. El encargo será de seis años sin derecho a reelección.
Adicionalmente, la ALDF detallará las funciones del Poder Legislativo que de entrada contempla la reelección hasta por cuatro periodos consecutivos.
La primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México podrá iniciar leyes o decretos y aprobar reformas a la Constitución Federal.
Una quinta ley determinará las facultades del Poder Judicial depositado en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados y tribunales que establezca la Constitución.
Como se observa, es una ardua tarea la que le espera a la VII Legislatura de la ALDF, pues en menos de ocho meses deberá legislar en la materia.
Y es que ese trabajo iniciará con toda probabilidad a partir de que se apruebe la Constitución el 31 de enero de 2017 y su eventual promulgación el 5 de febrero.
Hay que recordar que el proceso electoral de 2018, inicia oficialmente en octubre de 2017, fecha en la cual deberán estar aprobadas las leyes citadas.
En estas fechas, los asambleístas estarán inmiscuidos en la vorágine del proceso de elección del Constituyente.
Por lo pronto, los diputados locales le entregarán al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para que los derechos sociales de la ciudad sean consagrados en la Constitución.
Millones para elegir el Constituyente
La elección para elegir a los 60 diputados que formarán la Asamblea Constituyente, se antoja millonaria.
El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, estimó que la elección costará al menos 420 millones de pesos.
Es decir, los gastos operativos serán de 300 millones de pesos más 115 millones de prerrogativas para partidos y candidatos independientes.
A esos gastos, hay que sumar los recursos que necesitará el INE para su operación, consistentes en 5 millones de pesos.
De acuerdo a las cifras, el proceso electoral constituyente constará 100 millones de pesos más que la elección constitucional de 2015.
El año pasado el Instituto Electoral del Distrito Federal destinó 320 millones de pesos para elegir 40 diputados locales y 16 jefes delegacionales.
Las prerrogativas fueron para 10 partidos políticos y 14 candidatos independientes que participaron en la contienda.
Para este año participarán 9 partidos políticos y un número de candidatos independientes que aún no determina la autoridad electoral federal.
Los recursos mencionados, sólo corresponderán al costo de la elección, sin considerar cuánto se necesitará para que funcione la Asamblea Constituyente.
Diversos expertos parlamentarios, consideran un gasto de 144 millones de pesos durante un lapso de cinco meses y medio.
Hay que recordar que los diputados constituyentes (100 en total), no cobrarán salario durante el tiempo que sesionen en el recinto de Xicoténcatl.
Sin embargo, los recursos serían para el pago de asesores, personal administrativo, renta de estacionamiento y el pago de diversos servicios como café, galletas y alimentos.
¿De dónde saldrán esos recursos que no estaban considerados en el presupuesto del INE? Necesariamente del bolsillo de los capitalinos.
Las autoridades electorales federales, tienen el mandato del proyecto de reforma política de organizar el proceso electoral constituyente.
¿Acaso, no era conveniente utilizar la estructura del IEDF y el personal, con el fin de ahorrarse gastos?
Por lo que se ve, poco les importó eso. De ahí que se entienda la danza de los millones para la elección a celebrarse en junio próximo.
Tarea titánica de los independientes
Vencido el plazo para el registro de candidatos independientes a la Asamblea Constituyente, los aspirantes iniciaron una tarea titánica.
En un plazo de 36 días, que va del 1 de marzo al 5 de abril, los candidatos independientes deberán juntar 73 mil 792 firmas.
Además de las firmas respaldadas con copia de la credencial de elector, cada candidato deberá constituir una Asociación Civil.
A partir del 5 de abril el Instituto Nacional Electoral definirá quiénes de los candidatos cumplieron los requisitos para competir con los partidos.
Lo cierto, es que las reglas definidas en la Reforma Política que dará vida a la Ciudad de México, son casi imposibles de cumplir para los independientes.
Por ejemplo, para juntar las 73 mil 792 firmas, deberán recabar 2 mil 49 firmas por día, lo que equivale a 85 firmas por hora; 1.4 cada minuto. Ver para creer.
A ello hay que sumar el costo para el registro de una Asociación Civil, que equivale aproximadamente a 8 mil pesos.
El total de aspirantes tendrá un monto de 10 millones de pesos para hacer campaña.
La misma cantidad la tendrá cada partido participante para los 60 candidatos que postule y avale la autoridad electoral.
Sin embargo, hay diferencias abismales, los partidos cuentan con toda una estructura partidaria que les permitirá desplegarse a lo largo y ancho de la capital.
Por tanto, es imposible que cada aspirante a candidato independiente junte en tan corto plazo, la estratosférica cantidad de firmas.
Ni siquiera el Partido Nueva Alianza –que aglutina principalmente a maestros- logró tal hazaña en las pasadas elecciones de 2015.
Durante la elección intermedia para elegir diputados locales y jefes delegacionales, el Panal sólo consiguió en la Ciudad de México 66 mil votos.
Según lo observado, la reforma tiene un tufo antidemocrático, pues con ese mecanismo se cierra la puerta a los candidatos sin partido.
Sin duda que es una reforma incompleta. Mucho tendrán que hacer los diputados constituyentes y actuales integrantes de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal para resarcir las fallas.
