Por su investigación sobre los medios de comunicación en pueblos indígenas, en particular las radios comunitarias, y la relación entre esas colectividades y el Estado en el ámbito de las telecomunicaciones, Elena Nava Morales, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, obtuvo la Beca para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2016, en el segundo rubro.
El apoyo, que concede la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, es otorgado a investigadoras menores de 40 años de edad a nivel posdoctorado, con el objetivo de promover a las mujeres en estas áreas y motivar a las jóvenes científicas para progresar en la generación de conocimiento.
Consiste en un estímulo económico destinado a la práctica de trabajos de investigación científica, cuyos avances deben ser reportados mensualmente por las beneficiadas.
Investigación
Elena Nava es doctora y maestra en antropología social por la Universidad de Brasilia. Egresó de la licenciatura en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y actualmente es posdoctorante en el IIS.
Su línea de estudio, que aborda desde hace una década y media, está delimitada al estado de Oaxaca, donde ha trabajado académicamente en los últimos años.
“El proyecto que presenté está encaminado a entender las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, pero en el tema de las telecomunicaciones, sobre todo con la publicación de la nueva ley en la materia, que data de julio de 2014”, expuso la galardonada.
La investigación está abocada al caso de Oaxaca, pues según la universitaria la relación entre el Estado y las comunidades indígenas en ese ámbito sigue siendo complicada.
“Aunque hay una flexibilización en la nueva ley en cuanto a categorías como las concesiones sociales que pueden ser ya de carácter indígena o comunitario, no hay una ejecución real, y entonces se origina esta problemática de los decomisos, porque las radios son consideradas ilegales”, precisó Nava Morales.
Uno de los resultados parciales del estudio arroja que “el Estado no llega a un entendimiento y la flexibilización es sólo discursiva, lo que hace peligrar las realidades locales. Es claro que ese desentendimiento crea tensión”, subrayó.
Radios comunitarias y criminalización
Según la posdoctorante, en Oaxaca existen alrededor de 70 radios comunitarias; cuatro de ellas categorizadas como permisionadas y están a la espera de obtener la concesión, tras un proceso burocrático complejo.
“Hay trabas por parte de las autoridades, aunque los agentes del Estado lo niegan. Considero que hay una criminalización, una persecución hacia los comunicadores indígenas, muchas veces porque emiten información que no conviene a los poderes locales o nacionales. Es el caso de Radio Totopo, en el Istmo de Tehuantepec”, acusó.
La investigadora del IIS indicó que tras los micrófonos hay todo tipo de personas y diversos perfiles, con intenciones religiosas, comerciales y de carácter ‘contra hegemónico’.
“En la Carta Magna se habla de la pluralidad y del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas, y nos damos cuenta en el panorama nacional de que no hay tal. Lo importante es permitir que la heterogeneidad del país pueda expresarse, que se pueda criticar y estar en contra de proyectos desarrollistas que exploten las tierras o el subsuelo. Las radios son importantes para dar voz a la gente en los pueblos indígenas”, concluyó.