DE REPORTEROS

Recupera PROFEDET más de 200 mdp de indemnizaciones de trabajadores fallecidos

Durante los primeros siete meses del presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) concluyó favorablemente tres mil 411 casos relacionados con designación de beneficiarios por muerte de un trabajador en activo, pensionado o jubilado, lo que representó una recuperación económica de más de 202 millones de pesos para los deudos.

La STPS indicó que, del total de casos, tres mil 386 fueron juicios y 25 servicios tendientes a la conciliación; además otorgó 13 mil 431 orientaciones y asesorías en esta materia a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

El Artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo establece que los beneficiarios de un trabajador fallecido por causa de accidente de trabajo o enfermedad general, tienen derecho a reclamar las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad del procedimiento de legalización de un testamento.

Para ello, precisó, corresponde a la esposa, la concubina, los hijos o los padres, principalmente, iniciar el procedimiento de designación de beneficiario ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En la actual administración, entre diciembre de 2012 y julio de 2017, la PROFEDET ha recuperado más de mil 112 millones pesos en 27 mil 370 juicios y 178 conciliaciones relacionados con estos casos; además, ha brindado más de 100 mil 200 asesorías sobre este tema, aseguró.

Cabe señalar que los juicios por designación de beneficiario atendidos pasaron del 30.4 por ciento en diciembre de 2012, al 38.3 por ciento en julio de este año.

Con sus servicios gratuitos de asesoría y patrocinio ante los tribunales que imparten justicia laboral en el país, la STPS garantiza que, en caso de faltar un trabajador, los recursos que ha destinado también al ahorro para el retiro o a la vivienda, llegarán a sus familias y beneficiarios.

Se trata de devolver a la gente lo que es suyo por derecho, por lo que las instituciones deben facilitar el acceso a las prestaciones que, por ley, corresponden a los beneficiarios.

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