Desde que conoció de la reciente amenaza estableció comunicación con el periodista le expresó su solidaridad y ofreció servicios de acompañamiento y asesoría
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado a las autoridades de procuración de justicia a investigar con prontitud y efectividad el origen de las amenazas en contra del periodista Héctor de Mauleón, con el fin de evitar la comisión de un hecho de difícil o imposible reparación, así como dar con los responsables y llevarlos ante la justicia, para que reciban el castigo que en derecho corresponde, al tiempo que manifestó preocupación por estas constantes amenazas de muerte contra el comunicador.
En un comunicado, la CNDH señala que desde el momento mismo en que conoció de la más reciente amenaza, hecha a través de redes sociales, este Organismo Nacional estableció comunicación con el periodista, a quien expresó su solidaridad y ofreció sus servicios de acompañamiento y asesoría.
Detalla que, las amenazas de agresiones físicas contra periodistas a través de las redes sociales se suman a otras acciones que coartan la libertad de expresión, tales como demandas judiciales, atentados contra instalaciones de los medios informativos y bienes de periodistas, robo a oficinas, el manejo discrecional de la publicidad oficial, negativa de acceso a diversos actos públicos, despojo o retención de equipos de trabajo, obligarlos a borrar el material gráfico que obtuvieron o para difundir materiales para atacar a personas o grupos contrarios, desacreditación profesional y espionaje, entre otras.
El Organismo Nacional exhortó a las autoridades federales y estatales que investigan los 8 casos de homicidios de periodistas ocurridos durante el presente año a realizar las diligencias que resulten necesarias e idóneas con la mayor prontitud, poniendo especial atención en aquellos elementos relacionados con la labor periodística de la víctima, a fin de evitar el desvanecimiento de indicios que en muchas ocasiones deriva en expedientes con poco sustento probatorio y, desafortunadamente, en hechos que terminan en la total impunidad de los crímenes y sus responsables.
Los homicidios registrados en este año corresponden a los casos de Cecilio Pineda, de La Voz de Tierra Caliente; Ricardo Monlui, de El Político y El Sol de Córdoba; Miroslava Breach, de La Jornada y el Norte Digital; Maximino Rodríguez, del Colectivo Pericú; Filiberto Álvarez, de La Señal de Jojutla; Javier Valdez, de Riodoce y La Jornada; Jonathan Rodríguez, de El Costeño de Autlán, y Salvador Adame, Canal 6 Media TV, hechos que demuestran que la violencia contra la prensa no cesa y va en aumento.
La CNDH señala que todas las vidas son igual de valiosas y todos los hechos delictivos deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, sin importar para ello la ocupación o actividad profesional de quienes son víctimas de los mismos. No obstante, cuando se ataca a un periodista o comunicador la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, ya que al vulnerarse la libertad de expresión también ocurre lo mismo con los derechos a la libertad de pensamiento e información, y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantiene observante de la evolución de los acontecimientos y de las acciones que emprendan las autoridades para acabar con la impunidad que se ha generalizado, ante lo cual se requiere que se articulen y coordinen esfuerzos y capacidades para su abatimiento.
