Como prerrogativa económica, se está ante una expectativa renunciable, en todo o en parte, por los partidos políticos… se trata de una posibilidad de gasto
Ninguno de los sismos que ha pasado por la ciudad ha sido capaz de inspirar a las autoridades lo suficiente como para desmantelar o reconfigurar la estructura burocrática que gira en torno al proceso de construcción, al contrario, la ha reforzado, potenciado, complejizado, señaló Rodrigo Meneses, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Dos semanas después del sismo de 7.1 grados Richter que tuvo epicentro en Morelos, el número de muertes se elevó a 361, 39 construcciones con daños severos y cerca de 600 edificios tienen que ser revisados. Las afectaciones del sismo del 19 de septiembre, sumadas a las registradas el 7 de septiembre pasado, dejaron daños en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México.
La crisis posterior al sismo presenta retos de reconstrucción y financiamiento, por ello, investigadores del CIDE se han propuesto analizar las condiciones legales en materia de políticas públicas que permitirán la recuperación.
El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, reflexiona el papel del derecho y la regulación de construcciones en la Ciudad de México. Un rol que puede definir la magnitud del desastre.
“En principio, pareciera que estas diferencias entre el papel que pudo jugar la regulación de construcciones CDMX en la ‘prevención’ de una catástrofe de magnitudes indeterminadas (sismo Pijijiapan) y aquel que pudo jugar en la ‘facilitación’ de otra catástrofe (sismo Morelos) no refiere a otra cosa que a la brecha existente entre el derecho en los libros, en este caso representado por el reglamento de construcciones, y el derecho en acción, en este caso representado por las interacciones entre los constructores y las autoridades encargadas de supervisar la observancia de dicho reglamento”, asegura el también Director de la División de Estudios Jurídicos.
El reglamento de construcciones de la Ciudad de México es resultado del conocimiento del suelo y de las experiencias de las catástrofes sísmicas, sin embargo, en los próximos días se necesitará un proceso de revisión legislativa en materia de construcciones.
Posible renunciar a prerrogativas
Medios de comunicación han dado cuenta de la cifra que el gobierno estimó para la reconstrucción de viviendas, escuelas y patrimonio histórico que resultó afectado. Se tratan de 37 mil 500 millones de pesos, mismos que serán erogados por el Gobierno Federal.
Amplios sectores de la población hablaron de la necesidad de que el financiamiento a los partidos políticos fuera redistribuido para la reconstrucción, al respecto José Roldán Xopa, investigador de la División de Administración Pública del CIDE, aseguró que “el financiamiento público es una prerrogativa, es decir, un privilegio económico. Es posible renunciar a un privilegio. Mucho más cuando se está ante buenas razones: la reconstrucción es una necesidad extraordinaria que bien lo justifica”.
Analizando los entresijos legales, Roldán Xopa asegura que los partidos políticos pueden decidir sobre esta prerrogativa económica si renuncian a ella o la gastan. Este financiamiento se les destina para: campañas electorales, no se pueden usar los recursos para fines distintos a los que ya están estipulados en el artículo 41 constitucional. “Como prerrogativa económica, se está ante una expectativa renunciable, en todo o en parte, por los partidos políticos… se trata de una posibilidad de gasto”.
Foto: SEDENA
