TOLUCA, EdoMéx.- Por el delito de secuestro, Juan Edel Sánchez Peña, David Villegas Inclán, Mariela Tricsi Morales León y Edgar Abraham Marcelo Zepeda, purgarán una sentencia de 60 años en prisión, dictada por un Juez del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su participación en el ilícito.
Así lo dio a conocer la FGJEM y detalló que los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social fueron determinantes para que la Autoridad Judicial dictara esta sentencia condenatoria en contra de Juan Edel Sánchez Peña, David Villegas Inclán, Mariela Tricsi Morales León y Edgar Abraham Marcelo Zepeda, quienes en el mes de agosto de 2016 llevaron a cabo el secuestro de un joven, en el municipio de Ixtlahuaca.
Explicó que los hechos por los cuales fueron condenados se registraron el día 2 de agosto del año pasado, cuando la víctima se encontraba en una tienda de abarrotes ubicada en la comunidad de San Andrés del Pedregal, sitio al que arribaron dos personas, quienes la sometieron, y por la fuerza la subieron a un vehículo con cromáticas de taxi, en donde los esperaban sus cómplices.
Los secuestradores trasladaron al joven a un inmueble de la comunidad Emiliano Zapata, del mencionado municipio, en donde lo mantuvieron cautivo, y luego se comunicaron con los familiares de éste, a quienes les exigieron un pago a cambio de liberarlo.
Cabe mencionar que días después, la víctima aprovechó un descuido de sus captores y logró escapar. Posteriormente acudió ante el Ministerio Público y denunció este ilícito, por lo que Policías Investigadores se encargaron de realizar diversas indagatorias que derivaron en la detención de las cuatro personas, en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra.
Tras ser aprehendidos, los detenidos quedaron a disposición de un Juez del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, autoridad que previo proceso legal, les dictó la sentencia correspondiente, además les fijó una multa de 5 mil días de salario mínimo y 600 días de salario mínimo como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.