Como inviable considera Mario Patrón, tanto que las fuerzas armadas dejen de realizar súbitamente las labores de seguridad pública que hoy desempeñan en México, como que se perpetúe esa intervención extraordinaria. «Es inviable que las fuerzas armadas dejen de realizar súbitamente las labores de seguridad pública que hoy desempeñan en México, pero también es inviable perpetuar indefinidamente esa intervención extraordinaria”.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que «nadie regatea el relevante papel que han tenido en estas tareas las fuerzas armadas, pero no puede ignorarse que la experiencia comparada a nivel internacional indica que el modelo de seguridad más adecuado para la ciudadanía es aquel que descansa en pilares civiles”,
Destacó que en la reforma constitucional en materia penal del 2008, en virtud de la cual se adicionó expresamente en el artículo 21 que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional, se reconoció que la prioridad institucional en dicho ámbito no era la perpetuación del Ejército y de la Marina en el combate a la delincuencia, sino el fortalecimiento a las instituciones civiles de seguridad.
Sin embargo, en este año algunos partidos políticos y las propias fuerzas armadas han posicionado la necesidad de una Ley de Seguridad Interior, que formalice la participación del Ejército en las tareas de seguridad. “Desde nuestra óptica, esto terminaría por fortalecer el papel preponderante de las fuerzas armadas en estas tareas, pero sobre todo, dejará de lado que el problema de fondo es el modelo de seguridad y la imperiosa necesidad de reformar democráticamente a las policías del orden civil”.
Patrón recordó que en diversas entrevistas el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ha reiterado que las tareas de seguridad no son propias de la naturaleza del Ejército, y que se les ha expuesto a una política donde las instituciones civiles no ponen ni han puesto de su parte.
“En efecto, la presencia militar en distintos territorios de la nación ha generado un incentivo político perverso para las autoridades políticas municipales y estatales, que no han apostado por profesionalizar sus instituciones de seguridad; sino que han apostado porque las fuerzas armadas federales resuelvan el problema”, consideró el titular del Centro Prodh.
Después de dar este contexto dijo que en un estado democrático de derecho las políticas de seguridad deben ser llevadas al debate público. “Demandar este debate no es expresión de mezquindad para las fuerzas armadas, ni ingenuidad frente a las atrocidades de la delincuencia, es lisa y llanamente defender las bases de nuestra maltrecha democracia”.
Hoy, tras diez años de guerra contra el crimen organizado, resulta impostergable y sobre todo políticamente prudente, convocar a un proceso de debate amplio en el que se evalúe por qué hasta ahora las políticas instrumentadas no han funcionado, y se diseñen alternativas solidas que permitan construir un modelo de seguridad de corte ciudadano.