Entre las recomendaciones del informe se encuentran reformas a los artículos 21,73, 102 y 116 de la Constitución general
La procuración de justicia enfrenta tres grandes problemas. En primer lugar, la falta una visión sistémica que articule adecuadamente la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de los delitos. En segundo lugar, todas las procuradurías tienen problemas estructurales que se reflejan en su incapacidad para investigar los delitos y litigar exitosamente con respeto a los derechos humanos. Por último, las procuradurías tienen un severo problema para generar y usar información relevante tanto para la operación interna como para la difusión al público.
Lo anterior es parte del informe ejecutivo que recoge las principales conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Entre las recomendaciones del informe se encuentran reformas a los artículos 21,73, 102 y 116 de la Constitución general, con el objeto de revisar el diseño de las fiscalías, incluido el proceso de designación de sus titulares, una mejor definición de la relación entre policía y ministerio público, así como la creación de un Código Penal Único.
De igual forma, se recomienda ampliar los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que debe incorporar expresamente a la Justicia Penal y al que se le debe encargar la responsabilidad de establecer y supervisar la política criminal del Estado mexicano.
Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ-UNAM, señaló que para la confección del informe se tomaron en consideración los diagnósticos y recomendaciones realizadas por instituciones académicas, expertos, barras de abogados, instituciones estatales, así como de la sociedad civil. Afirmó que “Dado que el reto es grande, la propuesta es ambiciosa. No sugerimos ajustes menores, ni parciales…No pensamos que lograr justicia sea una misión de una generación venidera. Queremos y merecemos justicia hoy para todas y todos en México”.
Por su parte, Gerardo Laveaga, Director del INACIPE, enfatizó que es urgente llevar al cabo las reformas que permitan a nuestras instituciones aplicar con eficacia las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal. Hizo hincapié en la distribución de competencias, el Código Nacional Penal y la activación de las Unidades de Medidas Cautelares.
Sergio López Ayllón, director general del CIDE, puntualizó que “se requiere una reforma integral a la Constitución que mire no sólo a la Fiscalía General, sino a la articulación de todas las instancias que participan en la procuración e impartición de justicia, todo ello en el marco del sistema acusatorio”.
María Amparo Casar dijo que “No hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta. Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio. Para una oposición que busca llegar al poder sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos”.
El informe ejecutivo de la Consulta fue entregado al Congreso de la Unión -Senado de la República y Cámara de Diputados-, al Poder Judicial de la Federación, al Poder Ejecutivo Federal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, al Consejo Coordinador Empresarial, a los Colegios y Barras de Abogados, así como a representantes de los colectivos de sociedad civil #FiscalíaQueSirva y #VamosporMás.
La Consulta Nacional fue un ejercicio nacional convocado por el CIDE, el IIJ-UNAM y el INACIPE. Su objetivo principal fue el analizar y discutir propuestas viables para el diseño y construcción de un modelo de procuración de justicia acorde con los estándares y exigencias del sistema penal acusatorio.
En sus 3 mesas preliminares, 11 foros y 16 mesas temáticas participaron más de ciento cincuenta expertos, servidores públicos, operadores del sistema de procuración de justicia, académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales. El informe ejecutivo, así como el resto de materiales de la Consulta, se encuentran disponibles en la página construyamosjusticia.mx.
