El pasado 15 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 13, a fin de definir de forma adecuada los conceptos de hostigamiento y acoso sexual. El dictamen, ratificado por unanimidad de 303 votos y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, quizá para la próxima Legislatura sea aprobado mientras los acosadores seguirán abusando.
El dictamen refiere que los abusos contra las mujeres representan la transgresión reiterativa a sus derechos humanos y es obligación del Estado actuar frente a esas arbitrariedades. Resalta la necesidad de diferenciar el hostigamiento y el acoso sexual, ya que si bien ambos son un tipo de violencia, existen diferencias entre ambas.
El documento define el hostigamiento sexual como cualquier conducta que comete una persona en contra de otra con fines lascivos, mediante el ejercicio del poder, el asedio reiterado y/o valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación.
Asimismo, precisa como acoso sexual cualquier conducta que comete una persona en contra de otra mediante el ejercicio abusivo del poder, acoso u hostigamiento, con el fin de incordiarla sexualmente, así como aquellas conductas con una connotación sexual que no son consentidas por quien las recibe y que pueden conllevar a un estado de riesgo o indefensión para la víctima.
El documento menciona que las agresiones contra las mujeres se sancionan sólo de manera excepcional, lo que genera una percepción de impunidad y normalización de las agresiones; por ello, manifiesta la necesidad de adecuar las normas a través de establecimiento de enunciados normativos.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que en nuestro país 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. “Lo grave es la violencia sexual, pues el 40 por ciento de las mujeres sufre este tipo de abuso, y cuando se revisan las estadísticas de denuncias vemos que son pocas las que se llevan a cabo”.
Comentó que el dictamen deja claro de qué forma se configura el acoso y el hostigamiento sexual, lo cual es muy importante debido a que cada minuto una niña o una mujer son violadas.
Reveló que ambos casos de abuso se presentan principalmente en espacios públicos; lamentablemente, quienes deciden denunciar “se encuentran con una pared que no les permite tener credibilidad y se convierten también en víctimas de humillación y discriminación”.
“Hay mujeres que pierden su trabajo por denunciar a un acosador o a quien las hostiga sexualmente en su espacio laboral”, agregó.
Añadió que una ley por sí sola no resuelve la problemática, por lo que exigió a quienes son procuradores de justicia a actuar con debida diligencia y cuidar los derechos de la víctima.
De Nueva Alianza, la diputada Angélica Reyes Ávila mencionó que el acoso u hostigamiento derivan de una cultura machista que cosifica a la mujer y la hace objeto de actitudes y comentarios de índole sexual que, en la mayoría de los casos, no es consensuada por ellas.
Al pronunciarse a favor del dictamen, manifestó que múltiples campañas en redes sociales y discursos en contra de esos abusos son ejemplo de una grave situación que se había normalizado pero a la que se ha decidido poner un alto.
La diputada Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunció a favor del dictamen, toda vez que el acoso es un tipo de violencia que evidencia un desbalance de poder en el que una persona amedrenta a otra, es un comportamiento que afecta a la mayoría de las mujeres en el país.
Refirió que las reacciones psicológicas de las mujeres víctimas de acoso afectan su libre tránsito por la ciudad, ya que modifican rutas, horarios, vestimentas e, inclusive, declaran que se abstienen de salir por sentirse inseguras. “Es nuestro deber trabajar para generar herramientas que garanticen seguridad y reeducar a la población sobre el tema, a fin de que no se normalice el acoso, además de implementar elementos que lo sancionen”.
En representación de Morena, la legisladora Concepción Villa González se pronunció a favor del dictamen, por ser un paso para detectar y prevenir el acoso en todos los ámbitos, además de que es una herramienta eficaz para denunciar y sancionar esta conducta.
La diputada reiteró que de acuerdo con datos del Inegi, en la Ciudad de México, el 96 por ciento de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos; de ellas, el 58 por ciento ha sido víctima de tocamientos. Pidió a las mujeres no quedarse calladas y denunciar cualquier tipo de acoso.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la diputada Hortensia Aragón Castillo señaló la importancia de definir jurídicamente el hostigamiento y acoso sexual, porque permite que a través del Código Penal Federal se tengan instrumentos que precisen con mayor eficacia el acceso a la justicia en caso de denuncia de estos delitos.
Se manifestó por dejar de considerar culturalmente como “normal, jocoso y sin importancia” estas conductas, por ser delitos que deben considerarse en la ley. “El acoso sexual es muy serio, es como la puerta que la sociedad abre a la violación; no considerarse así es un engaño que ha alentado el incremento de la violencia sexual en México”.
La diputada panista Lucina Rodríguez Martínez afirmó que el acoso y hostigamiento sexual contra mujeres y niñas son discriminatorios y formas de violencia que obstaculiza el pleno desarrollo en el ámbito laboral y educativo.
Refirió la dificultad de probar estos delitos, lo que los ha convertido en tipos de violencia difíciles de combatir por falta de evidencias palpables para iniciar un procedimiento jurídico. Resaltó que su definición es un primer paso para dar mayor seguridad jurídica a las mujeres y accedan a una vida libre de violencia.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Lia Limón García recalcó que el hostigamiento sexual no se puede permitir en ningún lado y espacio público. “Las mujeres, al igual que los hombres, merecen todo el respeto y sentirse seguras”. Estimó que esta conducta no debe minimizarse ni verse como una práctica natural, “nadie que acose a una mujer tiene justificación para hacerlo”.
Explicó que con la reforma, las autoridades de procuración y administración de justicia tendrán mayores y mejores elementos para calificar el acoso sexual. Además, las mujeres tendrán mayor confianza para denunciar.
