En una resolución no legislativa, los eurodiputados denuncian el deterioro de la democracia y el Estado de derecho vivido en Nicaragua en el último decenio, acompañado de creciente corrupción, a menudo implicando a familiares del presidente Daniel Ortega.
El texto, aprobado con 536 votos a favor, 39 en contra y 53 abstenciones, destaca que el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica establece la necesidad de respetar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos y pide a la UE que, en caso necesario, sopese las medidas que se podrían tomar. También advierte sobre las “graves consecuencias políticas, económicas y en materia de inversión” a que pueden dar lugar las violaciones de los derechos humanos;
La Cámara subraya que la represión llevada a cabo por las autoridades nicaragüenses, las fuerzas armadas, la policía y grupos violentos que apoyan al Gobierno contra los manifestantes pacíficos opuestos a la reforma de la seguridad social ha costado desde mediados de abril 84 vidas, heridas a más de 860 personas y la detención de más de 400. Pide a Managua que autorice de inmediato una investigación internacional, transparente e independiente a fin de enjuiciar a los responsables.
La resolución destaca que Daniel Ortega, presidente desde 2007, elegido en tres ocasiones consecutivas, se mantiene en el poder gracias a la irregular supresión de la limitación de mandatos recogida en la Constitución, “vulnerando claramente el derecho a unas elecciones democráticas”. El Parlamento reclama una reforma electoral con vistas a unas elecciones justas, transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales.
Los eurodiputados instan a las autoridades nicaragüenses a sentar las bases para que todas las partes enfrentadas debatan sobre la situación en el país. Recalcan que la plena participación de la oposición, la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y la pluralidad de los medios de comunicación son factores esenciales para el restablecimiento del orden democrático.
Deploran la violación de la libertad de prensa, tanto antes como durante las protestas, y piden al Gobierno que restablezca la plena libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, y que ponga fin al acoso a los periodistas.
Por último, la resolución insiste en la urgencia de combatir la corrupción generalizada en los círculos políticos de Nicaragua y muestra preocupación por los vínculos del presidente Daniel Ortega y otros conflictos en la región.