El Juez les impuso una multa de 382 mil 620 pesos 37 mil pesos para reparación del daño y la suspensión de sus derechos políticos y civiles
TOLUCA, EdoMéx.- José Carrasco Iduarte e Iván Gael Arellano Martínez, fueron sentenciados a 70 años de prisión luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Secuestro Zona Oriente, de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acreditó la participación de ambos individuos en el delito de secuestro.
La FGJEM informó que los hechos ocurrieron en octubre de 2014, cuando en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, estos dos individuos intentaron arrebatar de los brazos de una mujer a dos menores que recogía de la escuela, pero sólo lograron quitarle a una infante que las acompañaba.
Iván Gael Arellano Martínez fue quien realizó esta maniobra, mientras José Carrasco Iduarte lo esperaba en un vehículo con cromática de taxi del entonces Distrito Federal, en el que huyeron del lugar.
La encargada del cuidado de los niños gritó pidiendo ayuda, la cual llegó de manera inmediata por parte de Policías de Investigación que se encontraban en la zona, quienes llevaron a cabo una persecución hasta lograr que el vehículo en donde viajaban los secuestradores con la víctima detuviera la marcha, y de inmediato fueron detenidos los ahora sentenciados.
Estos individuos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de secuestro con violencia, y luego los remitió ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Neza-Bordo.
Después de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social y previo proceso legal, la Autoridad Judicial les dictó esta condena por el delito de secuestro, con las modificativas agravantes de haberse cometido por dos o más personas, con uso de la violencia y ser la víctima menor de edad.
Además de la pena privativa de libertad, se les impuso una multa de 382 mil 620 pesos, 37 mil pesos para reparación del daño y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
