Por Ernesto López Portillo*
Desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO hemos observado con atención dos trascendentes acontecimientos sucedidos apenas. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba la inconstitucionalidad de toda la Ley de Seguridad Interior, entre otros motivos porque regularizaba la intervención militar en tareas de seguridad pública, Andrés Manuel López Obrador, en sentido contrario, anunciaba la creación de la Guardia Nacional cuyo impulso va incluso más allá, no sólo regularizando esa intervención, sino además institucionalizando el mando operativo militar sobre el civil en tareas policiales.
La Corte acumuló los suficientes votos para invalidar la Ley sesionando los días 13 y 15 de noviembre y fue el 14 cuando el presidente electo presentó su llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad. La coincidencia en el tiempo es sorprendente y buscaremos si detrás de ella hay decisiones políticas intencionales para que así sucediera –eso será materia de otro análisis–.
En el Programa celebramos la decisión del máximo tribunal y lamentamos la del próximo Ejecutivo Federal. Ambas tienen enorme relevancia. La Corte dijo no a la militarización de la seguridad pública mientras López Obrador dice sí. Debido a que el documento presentado por éste no es en estricto sentido un plan, ya que no incluye una definición sólida de los problemas –con evidencia empírica suficiente de soporte- y tampoco presenta una ruta de tránsito desde esos problemas hacia las soluciones –los ‘cómos’-, tanto la creación de la Guardia Nacional como todos los demás temas del llamado Plan esperan una explicación que sí alcance los estándares mínimos de una política pública.
Mientras eso sucede, en todo caso la decisión del próximo gobierno federal desdice la oferta que el entonces candidato López Obrador reiteró, cuando expresa y acertadamente se postuló en contra del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública: “No se puede apagar el fuego con fuego“, expresó. Sin embargo, luego de su triunfo vinieron los tumbos protagonizados por el propio presidente electo y Alfonso Durazo -próximo secretario federal de seguridad-, quien dijo varias veces que no habría, al menos por ahora, Guardia Nacional.
Este programa universitario afirma que las señales son preocupantes e incluso alarmantes. La evidencia confirma que la militarización regular de las tareas policiales no construye seguridad sostenible y con derechos humanos y sí en cambio reproduce un conflicto creciente entre las fuerzas armadas y tales derechos. Aquí estamos sistematizando parte de esa evidencia y en breve comenzaremos a publicar diversos productos que la analizan.
Además, los parámetros constitucionales y convencionales vigentes prohíben transitar por esa vía. La Guardia Nacional camina en contra del aprendizaje basado en la evidencia pública y de la evolución normativa interna e internacional vinculante para México.
La vía correcta es la seguridad ciudadana, paradigma que concilia la seguridad y los derechos humanos mediante políticas públicas e instituciones conducidas bajo un liderazgo civil sujeto a rendición de cuentas y cuya eficacia y legitimidad se mide por la efectiva protección de las personas.
La vía adecuada, a nuestro parecer incluye, por ejemplo, la reconstrucción inmediata del Sistema Nacional de Seguridad Pública, -aparato que en más de veinte años ni siquiera ha logrado homologar los estándares más básicos del servicio policial a lo largo del país-, en un sistema de certificación institucional de la policía, con énfasis en el fortalecimiento de las policías locales, a su vez acompañado de una inversión sin precedentes en prevención social de la violencia y la delincuencia.
La Guardia Nacional sujeta al mando militar no es la vía. Por esa vía se aplazará una vez más el fortalecimiento de las autoridades civiles responsables de la seguridad pública. La Guardia provocará un efecto de desplazamiento de la responsabilidad local –acaso eso se intenta, por cierto-. Este Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO ofrece propuestas precisas y modernas inspiradas en las mejores prácticas en la materia para ayudar a que México transite hacia un paradigma democrático de seguridad.
*Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO