SUCRE, Bol.- Diversas organizaciones y expertos de la sociedad civil latinoamericana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en audiencia pública, el rol que los sistemas nacionales de justicia han tenido y pueden tener frente al fenómeno de la corrupción, que se ha expandido dramáticamente en varios países de América Latina.
En la audiencia se discutió cómo los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en especial, la garantía de la independencia judicial, pueden ser fortalecidas para ayudar a combatirla.
Destacaron que la corrupción ha alcanzado dimensiones exorbitantes y se ha introducido en la estructura de los Estados en casi la totalidad de países de América Latina.
La debilidad institucional, dijeron, la impunidad, y la falta de independencia de los sistemas de justicia, explican la ausencia de una respuesta estatal efectiva frente a la llamada «Gran Corrupción», en la que redes criminales de gran complejidad y amplia efectividad operativa, han logrado introducirse en el sistema político, y desde allí, han logrado controlar de manera total o parcial, a los sistemas de justicia, con el objetivo de asegurar la impunidad de sus actos criminales, en perjuicio del interés público y de los derechos y libertades fundamentales de amplios sectores de la población.
Agregaron que, mediante esta misma estrategia, que puede apreciarse con ciertos matices en casi toda la región, estas redes criminales integradas por operadores tanto públicos como privados, buscan capturar y mantener el control del Estado, usando el poder para apropiarse de los recursos públicos en beneficios propio.
Estos fueron los temas expuestos en la audiencia, donde los peticionarios expusieron situaciones concretas de sus respectivos países, para mostrar cómo la falta de independencia y la debilidad institucional de sus sistemas de justicia, les impide detectar, investigar, perseguir y sancionar a quienes integran estas estructuras criminales organizadas, especialmente cuando forman parte de órganos políticos estatales.
Dijeron que ello ocurre en Honduras y El Salvador, donde investigaciones de corrupción son deficientes y prorrogadas, y con frecuencia archivadas. Añadieron que en países como Venezuela y Guatemala, el poder político tiene una fuerte influencia sobre el sistema de justicia, y ha logrado impedir el avance de ciertas investigaciones, utilizando las facultades de destitución y antejuicio sobre jueces y fiscales independientes.
En cuanto a México y varios otros países, los peticionarios señalaron que las altas autoridades de la justicia siguen siendo elegidas por mecanismos altamente políticos, lo cual desfavorece el nombramiento de autoridades independientes y capaces de enfrentar la corrupción.
En Perú, apuntaron, periodistas y fiscales encargados de investigar casos de corrupción son perseguidos, presionados y amenazados desde el mismo sistema de justicia, mientras que en diversos países de la región, la CIDH ha tenido que otorgar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de magistrados involucrados en la tramitación de casos de corrupción, como a los Fiscales Generales de Guatemala, El Salvador y Venezuela.
