Este personal tiene contacto de manera directa con los pacientes infectados, lo que los pone en riesgo de transmisión si no cuentan con el equipo de protección necesario y adecuado.
Una estrategia viable para asegurar económicamente a las familias del personal de salud que no cuentan con prestaciones laborales ni económicas, y que prestan sus servicios de manera directa a los pacientes en los establecimientos del sector público de salud, en caso de fallecimiento derivado de su participación en la primera línea de batalla contra la pandemia de Covid-19, en nuestro país.
Así lo planteó el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Diputados en la solicitud que envió al Gobierno federal, señaló la diputada Frianné Azuara Yarzábal, quien a nombre de su bancada insistió en que estamos en la fase de incremento exponencial de contagio y una alta demanda de servicios hospitalarios, pero desafortunadamente, «enfrentamos la falta de equipos de protección para los trabajadores de la salud y preocupa que estén expuestos a un riesgo inminente de contaminación y en el peor de los casos a perder la vida».
La también secretaría de la Comisión de Salud de la Cámara baja, subrayó que, «además del déficit de insumos y equipo de protección, es urgente atender las condiciones laborales en el sector público de salud; pues, al menos 87 mil trabajadores están contratados bajo el régimen de honorarios, sin gozar de prestaciones de ley como la seguridad social y el fondo de pensiones, entre otras».
Dijo que, este personal tiene contacto de manera directa con los pacientes infectados, lo que los pone en riesgo de transmisión si no cuentan con el equipo de protección necesario y adecuado.
Por ello, la propuesta de los diputados del PRI para que el Gobierno federal asegure económicamente a las familias de los trabajadores del sector salud.
Detalló que en el sector público de salud, laboran miles de trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 69 mil 896 médicos (as) generales y familiares; 94 mil 603 médicos (as) especialistas; 10 mil odontólogos (as); 26 mil 66 residentes; 144 mil 784 enfermeras (os) generales; 36 mil 602 enfermeras (os) especialistas; 104 mil 853 auxiliares de enfermería, entre otros como: laboratoristas, personal de intendencia, de mantenimiento, camilleros, paramédicos y choferes de ambulancia.
A efecto de ilustrar la precariedad en la que trabajan miles de trabajadores en el sector público de salud, se exhibió una encuesta realizada a 400 trabajadores sanitarios por la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y publicada a principios de abril, en ellas se indica que ocho de cada 10 no tienen mascarillas N95, las recomendadas para personal médico; más de la mitad no tenía gafas protectoras y alrededor del 30% no tenía máscaras de acrílico.
De acuerdo a estimaciones del Programa Universitario de Investigación en Salud, México enfrenta la emergencia con alrededor de tres mil camas de terapia intensiva equipadas con respiradores artificiales, pero para una población de 120 millones de habitantes, es necesario contar con al menos 20 mil camas de terapia intensiva para asistir a enfermos que van a requerir oxígeno, cifra que permitiría atender a las 17 mil 500 personas que van a necesitar hospitalización si se contagian del coronavirus.
