Es una flagrante violación a los derechos de un inversionista que creyó en un Estado de derecho, donde se respetan las garantías fundamentales,
PANAMÁ.- El equipo legal del empresario mexicano que ha sido víctima de abusos y despojo por parte de las autoridades panameñas, dio a conocer que se anexó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una queja más en contra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por tratar de vender de manera ilegal mediante subasta pública, a través del Catálogo de Remates de Bienes, una decena de vehículos confiscados por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Afirman que lo grave del tema es que en caso de que el empresario sea declarado inocente, dicho dinero tendría que ser pagado a su legítimo dueño con impuestos de los panameños, pues el Estado intenta vender algo que no es de su propiedad.
“Somos del criterio que las autoridades panameñas deben hacer su papel con respecto a la investigación objetiva. Sin embargo, en este caso ha sido una flagrante violación a los derechos de un inversionista que creyó en un Estado de derecho, donde se respetan las garantías fundamentales y en donde la inversión extranjera es amparada por las leyes. Al final demostraremos nuestra inocencia y es allí donde no sólo tendrán que responder todos los responsables de esta patraña sino el Estado panameño que ampara funcionarios corruptos que creen que están por encima de las leyes”, declara James Gay del equipo legal del empresario.
A esto se suma el revés que sufrió el MEF de Panamá, que encabeza Héctor Alexander, luego que el juez fallara a favor de la víctima y determinara que la mencionada dependencia no puede vender ningún activo, al no haber hasta el momento una sentencia, ya que los vehículos solamente se encuentran bajo resguardo del Estado. Desde hace más de un año, ha sido una lucha encarnizada para evitar que los mismos funcionarios de la Procuraduría despojen de sus bienes al inversionista.
Los abogados, liderados por James Gay, expresaron a los medios de comunicación que continuarán con la querella en contra de la exprocuradora Kenia Porcell, ya que fue ella quien autorizó que se transfirieran los 7.2 millones de dólares incautados de manera ilegal a la cuenta custodiada por el MEF en el Banco de Panamá; asimismo, contra los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera de la Guardia, este último ha fungido como brazo ejecutor de la ex procuradora.
Añaden que, desde que tomó el caso Kenia Porcell, sus decisiones estuvieron basadas en intereses personales más que en hacer justicia, haciendo a un lado los principios procesales como la presunción de inocencia y una investigación objetiva, amén que se violó con total desfachatez el debido proceso.
Enfatizan que la ex funcionaria, hoy en el ojo del huracán, señalada por presuntos actos de corrupción, nunca actuó bajo el Estado de Derecho, por el contrario, incurrió en una sistemática y evidente transgresión al debido proceso.
“Cuando existe un fiscal que opera fuera de toda ley, podemos decir que ya no se trata de un tema de inconsistencias e irregularidades, sino de actos de criminalidad”, declaró el empresario afectado, que insiste en hacer justicia respecto de todo el daño que ha sufrido en su persona y en su patrimonio.
De igual manera, el cuerpo legal exige al procurador de Justicia, Eduardo Ulloa Miranda, que intervenga de manera enérgica en este caso, ante la demora del proceso y el evidente contubernio que existe entre fiscales y jueces que han aceptado pruebas fabricadas y testimonios falsos, pero que, transcurrido más de un año, no les ha servido para imputar al presunto culpable.
En días pasados el ministerio público con agentes de MEF ingresaron al residencial en donde el afectado mantiene su domicilio. Los agentes no quisieron identificarse así como no mostrar sus rostros pero fueron captados por las cámaras. A esto el empresario declara, “ llamamos al Procurador Eduardo Ulloa para investigar este fraude y exijo se encargue de regresar el dinero a mis cuentas”.
