La Fiscalía capitalina, que es la que se supone realizaría las investigaciones para su recaptura, no ha presentado ningún avance, lo que hace suponer complicidad.
El próximo 29 de enero se cumple un año de que tres peligrosos delincuentes se fugaron del Reclusorio Sur, uno de ellos ligado a Joaquín «El Chapo» Guzmán. Luego de la evasión, la entonces secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez dio conferencia de prensa, presentó videos de la fuga y anunció que una decena de empleados de ese centro penitenciario estaban bajo investigación. Luego de eso ni una palabra más y mucho menos la captura de los evadidos.
El 29 de enero de 2020, Luis Fernando Meza González, Víctor Manuel Félix Beltrán y Yael Ozuna Navarro, también conocido como Julio César Estrada Montaño, Rubén o Julio, salieron del Reclusorio Preventivo Varonil Sur a bordo de una camioneta oficial, sin ningún problema y se fueron con rumbo a La Raza donde, curiosamente ninguna cámara de seguridad grabó dónde descendieron de la unidad, y que jamás se volvió a saber de ellos.
Al día siguiente, el 30 de enero, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, ofreció conferencia de prensa en la que de entrada, indicó que el área a su cargo, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, aportaría toda la información necesaria para que se investigara cualquier acto de colusión o corrupción en la evasión de estas tres personas.
Dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a cargo de Ernestina Godoy Ramos, ya había iniciado una carpeta de investigación por los hechos ocurridos y que estaban en curso las indagaciones, además había establecido comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR).
La servidora pública comentó que la presencia de este perfil de internos en los centros penitenciarios de la Ciudad de México “pone en riesgo la seguridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran ahí y afecta la gobernabilidad”.
Acompañada del subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruíz Ortega, señaló que para garantizar la seguridad de la población que reside en los alrededores del centro penitenciario, se implementó un operativo de búsqueda con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y con apoyo de las cámaras del C5.
Invitó a la población a denunciar al 911 y de manera anónima al 089, en caso de tener información sobre el paradero de Luis Fernando Meza González, Víctor Manuel Félix Beltrán y Yael Ozuna Navarro, también conocido como Julio César Estrada Montaño, Rubén o Julio.
Mencionó que Víctor Manuel Félix Beltrán, ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Sur el 28 de octubre de 2017 con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa, entre otros, aunque el 3 de noviembre de 2017 fue trasladado al penal del Altiplano y –por orden de un juez- fue reingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur el 9 de noviembre de 2018.
En cuanto a Yael Ozuna Navarro, también conocido como Julio César Estrada Montaño, Rubén o Julio, dijo que entró el 12 de octubre de 2019 a dicho centro por el delito de asociación delictuosa, lavado de dinero y distribución de sustancias controladas en los Estados Unidos.
Mientras que Luis Fernando Meza González fue ingresado el 10 de noviembre de 2017, bajo procedimiento de extradición por los delitos de asociación delictuosa e introducir sustancias controladas a Estados Unidos.
Por su parte, Hazael Ruíz Ortega, comentó que el proceso de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México incluye a todos los servidores públicos del centro penitenciario para determinar si tuvieron alguna responsabilidad en los hechos.
Rosa Icela explicó que, en un primer corte de información proporcionado por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, reporto lo siguiente: Entre las 19:30 horas y 20:10 horas del 28 de enero se realizó el pase de lista habitual por parte del segundo turno de custodios, reportando sin novedad alguna.
– A las 07:45 am del 29 de enero, se realiza por protocolo un nuevo pase de lista a cargo del mismo segundo turno de custodios, quien comunica vía telefónica, sin novedad, a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
– A las 08:00 horas, y al recibir el servicio, el tercer turno detecta y reporta, de manera inmediata, la falta de tres internos, por lo que se activan los protocolos para el caso de evasión, que consiste en reportar a sus mandos inmediatos superiores, autoridades locales y federales; se proporcionan las fichas de identidad y se activan los mecanismos de búsqueda al interior por parte del Sistema Penitenciario y al exterior por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; se cierran las puertas de las aduanas, tanto de personas como de vehículos; se da parte a las autoridades de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se activa la alerta en todos los centros penitenciarios de la ciudad.
Luego de realizar una inspección en las cámaras de videovigilancia internas del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, se observa lo siguiente:
En la zona 1 y 2 del área de ingreso, de las 21:00 horas del 28 a las 01:00 horas del 29 de enero se detecta movimiento de al menos cinco internos y tres custodios, situación irregular a todas luces, este video se encuentra en poder de la Fiscalía General de Justicia para su investigación, dado que tiene rostros identificables y no es posible mostrarlos para no afectar el debido proceso.
Asimismo, en la revisión física se encontró lo siguiente: Las esclusas y las puertas que comunicaban a la celda de los evadidos se encontraban sin candado y abiertas a pesar de que deberían ser aseguradas. Se encontró también cortado un barrote de seguridad donde se infiere que los evadidos descendieron metro y medio a una segunda área común, y por medio de cizallas, cortan la malla ciclónica para acceder a la planta baja, recorriendo un espacio de aproximadamente 20 metros, apoyados por una escalera, de donde se infiere que ascienden a la parte superior del muro perimetral del reclusorio, para descender en el cinturón interno donde se encuentran los vehículos de traslado.
Videos en la zona del cinturón interno, muestran la salida de un vehículo de traslado a las 05:50 horas de la mañana. Y en un siguiente video de otra cámara se aprecia que baja el custodio operador de dicha camioneta, se acerca a los elementos de seguridad responsables de la aduana de vehículos, se aproxima con ellos por escasos segundos, aborda su camioneta y se retira.
Los custodios responsables de la aduana de vehículos no realizaron el protocolo de revisión para la salida del automóvil, que consiste en la exploración del automotor por debajo de la cabina de los conductores y al interior de la caja y cabina de traslado, así como el registro de la bitácora de ingreso y egreso del vehículo.
Estas evidencias muestran que la evasión ocurrió a las 05:50 horas, sin embargo, la autoridad penitenciaria tuvo conocimiento hasta alrededor de las 08:00 de la mañana, a partir de ese momento se inició el seguimiento por cámaras del C5, de la ruta del vehículo de seguridad sin que se tenga imagen al momento en el que presumiblemente hubiesen abandonado el vehículo, toda la información está a disposición de la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía General de la República.
Se trasladaron pues, en esta parte, al Hospital Rubén Leñero, donde sí había una orden de llevar a una persona privada de la libertad.
Esta información que hacemos de su conocimiento, muestra que hubo colusión de diversos custodios del segundo turno del Reclusorio Sur, los cuales se encuentran sujetos ya a investigación en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Muy detallado todo, pero hasta el momento (8 de diciembre de 2020), ninguna de estas autoridades ha vuelto a mencionar el tema. Rosa Icela fue removida del cargo para enviarla a la administración de Aduanas y en fecha reciente nombrada sustituta de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mientras que la fiscal, Ernestina Godoy, seguramente ya ni se acuerda, convenientemente, de esta evasión.
Cárceles de la CDMX controladas por el crimen organizado
En su momento, el diputad del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, señaló que ante la desbordante corrupción que persiste en los penales de la ciudad, situación que se traduce en fugas de reos, cobros por derecho de piso, llamadas de extorsión y un singular fenómeno de formación de cuadros delictivos para abastecer a los carteles del crimen organizado, solicitó la comparecencia de los directivos del Sistema Penitenciario de esta ciudad.
El coordinador de la bancada del PRD, dijo que la fuga de los tres reos del reclusorio preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía de Xochimilco, presuntamente por internos que enfrentaban procesos de extradición del gobierno de Estados Unidos, ocurrido el miércoles 29 de enero de 2020, el robo de 525 mil cheques de la nómina del Reclusorio Sur, ocurrido el pasado mes de noviembre de 2018 y las frecuentes llamadas de extorsión originadas en los penales de la ciudad pone de manifiesto la anarquía que prevalece.
Lobo Román dijo que la población penitenciaria es de 24 mil 702 internos, de los cuales 23 mil 409 son varones y mil 293 mujeres. De estos, 21 mil 977 son procesados por delitos del fuero común y el resto, 2 mil 725 enfrentan delitos del fuero federal. No obstante, hay un rezago considerable en cuanto al proceso penal ya que hay casi 5 mil internos que se encuentran en espera de ser sentenciados.
Indicó que del total de la población penitenciaria, 9 mil internos tienen de 30 a 39 años de edad; 6 mil 100 de 40 a 49 y 6 mil de 18 a 19 años de edad, lo cual indica que son cada vez más jóvenes los individuos que se incorporan a la delincuencia y que eventualmente podrían ser reclutados a las filas del crimen organizado.
Respecto a la fuga de los tres reos, indicó que es inadmisible suponer que no tenían una vigilancia especial, aún cuando se trataba de sujetos de alta peligrosidad, pues los tres enfrentaban delitos del fuero federal y al parecer uno de ellos, operaba directamente para el cartel de Sinaloa y era requerido por las autoridades del gobierno estadounidense.
Reinserta condenó el hecho y pidió todo el peso de la ley
Pidieron a las autoridades federales y de la CDMX que exista una clasificación criminológica adecuada pues, indicó, al 30 de enero pasado había aproximadamente 100 personas privadas de la libertad en centros de la CDMX que deben estar en centros federales, «debido a que estos espacios tienen las condiciones de seguridad idóneas para determinados perfiles».
Considera que, «es momento de que en México entendamos que el sistema penitenciario debe ser atendido con urgencia. Sucesos como los motines, la riñas y las fugas en reclusorios, están estrechamente vinculados a condiciones de auto y cogobierno dentro de los centros de reclusión y, sí, también a la corrupción estructural y sistemática. Pero el problema es más profundo y tiene que ver con el abandono político, institucional y presupuestal de los sistemas penitenciarios durante décadas».
Exigieron, «que exista una inversión económica clara para la infraestructura y el mejoramiento tecnológico que aumente la seguridad dentro de los centros. Actualmente existen 100 PPL (Personas Privadas de la Libertad) por un custodio y aproximadamente uno o dos psicólogos y criminólogos por centro con más de 6 mil PPL’s. Por otra parte, se deben dignificar los sueldos, uniformes, herramientas laborales y capacitación de custodios y personal penitenciario».
Subrayaron que, «el Gobierno Mexicano debe garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión, pues es el único mecanismo para tutelar efectivamente los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad, como del personal penitenciario. Entendiendo también que la ingobernabilidad en los centros en el país tiene un efecto negativo en la inseguridad que actualmente estamos viviendo en nuestro país. De igual manera las autoridades corresponsables en los tres órdenes de gobierno, deben impulsar las condiciones adecuadas para promover procesos de reinserción social efectivos, lo que involucra la administración penitenciaria y el desarrollo de programas especializados, situación históricamente inexistente».
Concluyó al afirmar que en Reinserta, «consideramos que las soluciones ante la crisis del sistema penitenciario deben buscar entender la crisis estructural y no maquillar la realidad con soluciones superficiales que no resuelven el trasfondo. La crisis penitenciaria hoy es un problema de seguridad grave donde las calles del país se ven afectadas directamente».
En la foto: Rosa Icela Rodríguez
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