No se han escuchado las voces que exigían justicia y renuncia de la titular de Migración, luego de la masacre de San Fernando.
Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal, municipio de San Fernando, en Tamaulipas, se registró la que la oposición llamaría como «La Masacre de San Fernando», donde 72 migrantes que se dirigían a Estados Unidos fueron asesinados, presuntamente por el grupo delictivo autodenominado «Los Z».
Las voces que exigían justicia y la destitución de la entonces titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, hoy niegan que el asesinato y quema de 19 cuerpos en Camargo, Tamaulipas, no piden justicia y hasta niegan que sea una masacre igual a la de San Fernando, porque, según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ellos si están investigando e informando a la opinión pública. Pero, lo único que se ha sabido es que de los 19 cuerpos calcinados, uno era mujer; que 14 eran guatemaltecos y un mexicano y que hay un cuerpo sin identificar por lo poco que dejaron las llamas.
Ahora, a 10 días de que se hallaron los 19 cuerpos calcinados en el municipio de Camargo, ubicado en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, se da a conocer que se realizará una investigación para determinar si el INM tuvo participación en estos aberrantes crímenes.
Ante la presunción de que el vehículo donde fueron encontrados los cadáveres había sido asegurado previamente por autoridades federales, Sánchez Cordero afirmó, «efectivamente, tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento, de que el Instituto Nacional de Migración podría haberla tenido asegurada o, como tú dices, retenida y que fue la camioneta en donde, cuando menos, estuvo involucrada en los hechos, pero todo esto está obviamente investigándose”,
Agregó: “Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o servidores públicos del mismo Instituto Nacional de Migración, ese es un tema. Inclusive saber con qué facultades o atribuciones aseguró la camioneta, eso también tendrá que ser objeto de investigación”, remarcó la secretaria durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes 1 de febrero.
La suplente temporal del presidente dijo que están, “en una estrecha colaboración y comunicación con la Fiscalía del Estado, que sí se ha avanzado en las investigaciones, que también estamos por parte de la cancillería en una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas para saber algunas evidencias y algunos hechos que se dieron antes y con posterioridad a estos lamentables hechos”.
San Fernando
De los 72 ejecutados en agosto de 2010, 58 eran hombres y 14 mujeres, principalmente centro y suramericanos. Se les asesinó por la espalda, y sus cuerpos fueron posteriormente apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición.
Según las primeras investigaciones, fueron asesinados luego de ser secuestrados. Ante este panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acordó hacer público el expediente sobre el caso del 24 de agosto de 2010 en San Fernando.
En ese entonces, la CNDH sí se pronunció y su recomendación 80/2013, se dirigió a la entones Procurador General de la Republica (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR) que hasta el día de hoy no se ha pronunciado.
La recomendación a la entonces PGR fue:
- Se instruya a quien corresponda, a efectos de que se tomen las medidas necesarias para que los agentes de esa Institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito.
- Se practiquen todas las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos.
Dentro de los derechos vulnerados durante y después de esta terrible masacre podemos mencionar los siguientes.
- Legalidad.
- Seguridad jurídica.
- Acceso a la procuración de justicia.
- Acceso a la verdad.
- Trato digno y honor.
- Privacidad y protección de datos de identidad.
Foto: Archivo
