Nosotros somos respetuosos de las determinaciones de la Suprema Corte de la Nación, en este sentido.
Desde el punto de vista económico, la política en materia eléctrica publicada por la Secretaría de Energía (Sener) en mayo y que la Suprema Corte declaró parcialmente inconstitucional, es absurda, porque lo que pretende es elevar los costos de generación, lo cual repercute en el consumidor final, es decir, vamos a contrapelo de lo que parecería lógico, producir energías limpias más baratas y ahora lo hacemos precisamente al revés, generar más caro y energías que afectan el medio ambiente.
Declaró el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, al tiempo que subrayó, «Nosotros somos respetuosos de las determinaciones de la Suprema Corte de la Nación, en este sentido, que además esta resolución tiene mucho que ver, está vinculada con la iniciativa que se presentó el día de ayer en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el sector eléctrico.
Entonces, siendo respetuosos de esa determinación, nos alerta para que esta iniciativa sea analizada a profundidad y evitar precisamente que haya este tipo de circunstancias jurídicas y controversias que terminen precisamente en resoluciones de esta naturaleza», apuntó.
Dijo, «esta iniciativa tiene -desde mi punto de vista- varias características. Desde el punto de vista económico es absurda, porque lo que pretende es elevar los costos de generación, lo cual repercute en el consumidor final, es decir, vamos a contrapelo de lo que parecería lógico, producir energías limpias más baratas y ahora lo hacemos precisamente al revés, generar más caro y energías que afectan el medio ambiente. Entonces el punto de vista económico parece cuando menos ilógico.
Va a ser una carga desde el punto de vista presupuestal y afecta las finanzas públicas, ¿por qué? porque tendrá que haber un mayor subsidio que permita en un momento dado mantener las tarifas, si así lo decide la empresa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Desde el punto de vista jurídico, es anticonstitucional, porque además contraviene la Constitución y contraviene tratados internacionales donde México es parte.
Desde el punto de vista del medio ambiente es absurdo, porque vamos en contra de la generación de energías limpias, renovables, para darle paso o darle prioridad a la generación fósil.
Entonces, a todas luces pareciera que la iniciativa tiene, cuando menos, varias inconsistencias. Será parte de la discusión que tengamos en los próximos días», detalló el legislador.
Al preguntarle si con el fallo de la Suprema Corte, esta iniciativa preferente nació muerta, Juárez Cisneros indicó que esto, «será parte de la discusión que tengamos en la Cámara de Diputados, está ya en comisiones y vamos a esperar.
Pero, adelanto, digamos estos puntos de vista que me parecen elementales, y esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alerta para que seamos muy responsables, muy prudentes y muy cuidadosos en lo que vamos a aprobar».
En caso de que Morena decida aprobarla como tal, cuál es el futuro de esta iniciativa, se le planteó al priísta, y si se podría controvertir con el antecedente que se tiene en la Corte, a lo que contestó: «Sin duda que seguirá esa ruta, sin duda.
Por eso digo que esto nos alerta y espero que sea un llamado de atención para todas y todos los diputados que vamos a discutir este tema, que es muy importante, muy delicado para el país.
Afecta además, sin duda genera una enorme incertidumbre, afecta a los privados, cambia reglas del juego incluso de manera retroactiva, genera una actitud o un método monopólico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Digamos que tiene varias inconsistencias.
Pero vamos a discutirla, está en comisiones y tiene que salir, por supuesto, porque es iniciativa preferente, en este mes, tiene que ir al Senado, y me parece que en los siguientes días, no creo que en la próxima semana, pero en la siguiente de la próxima semana estaremos ya teniendo que discutir este tema».
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, considera que esta iniciativa necesita modificaciones: «Acabo de hacer una reseña de todos los puntos de vista que tenemos nosotros desde la perspectiva jurídica, económica, ambiental, de repercusiones en las finanzas públicas, de afectaciones al consumidor final. Entonces me parece que tiene que revisarse y tienen que hacerse los ajustes correspondientes.
Aunque bueno, al ser una ley secundaria, se requiere la mayoría simple y puede ser que tenga el tratamiento en el tablero que han tenido otras iniciativas que pueden lastimar a México».
Sobre si el PRI llamaría a un parlamento abierto, ya que el PRD está a favor de éste, Juárez Cisneros señaló que, «Fue un planteamiento en la Junta de Coordinación que tendría que hacerse Parlamento Abierto para este tema.
Me parece que es lo mínimo que tenemos que hacer, escuchar todas las voces, y el diálogo tiene que ser un instrumento permanente para que se construyan mejores soluciones, y la mayoría tendrá que actuar como lo consideren pertinente.
Nosotros daremos nuestros puntos de vista, argumentos para justificar y definir en su momento la orientación que tenemos, del voto que hagamos en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero de antemano, como ustedes pueden ver, hay muchas inconsistencias», subrayó.
En cuanto a si irían en coordinación con el Senado o sería un Parlamento Abierto para cada Cámara, René Juárez dijo no saber por el momento, «No lo sabemos. En principio está aquí en las comisiones respectivas y me parece que tendrá que ser aquí en la Cámara de Diputados.
No sé, no es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política hacerlo de manera Bicamaral, pero, por lo pronto sí es importante ir a un Parlamento Abierto para escuchar todas las voces», concluyó.
Antecedentes
En mayo de 2020, la Secretaría de Energía (Sener) publicó la política en materia eléctrica, pero este miércoles, la Suprema Corte la declaró como parcialmente inconstitucional luego de la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Durante la sesión de este miércoles en la Segunda Sala de la Suprema Corte, el proyecto en contra de la política energética del gobierno actual recibió cuatro votos a favor y sólo uno en contra, de Yasmín Esquivel Mossa, la ministra presidenta de esta Sala.
En junio pasado, la Cofece interpuso una controversia constitucional que buscaba declarar como inconstitucionales la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía presentada en mayo y un acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ambas buscaban aumentar el uso de centrales de la Comisión Federal de Electricidad y disminuir el despacho de las plantas propiedad de privados, en su mayoría de tecnologías eólicas y solares.
También ponían un cerco a las centrales renovables –a través de la limitación de permisos e imponiendo nuevas pruebas–, aduciendo que éstas ponían en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico en un momento en el que se debe garantizar el suministro eléctrico debido a la pandemia y aumentaba las facultades de la estatal CFE.
La política empujada por la administración de Rocío Nahle ya había sido suspendida de manera definitiva por jueces especializados en competencia. Así, el fallo de la Suprema Corte refuerza la decisión tomada en los juzgados durante los meses pasados.
La controversia presentada fue declarada como procedente por la Suprema Corte, pero sólo de manera parcial, lo que implica que sólo algunas partes de la política de confiabilidad presentada por la Sener violan principios constitucionales y algunos lineamientos de la reforma energética de 2013.
La Corte ha decidido declarar como inválidos lo relacionado con rechazar los estudios de interconexión para nuevas centrales renovables; dar a la CFE la facultad de designar proyectos estratégicos; privilegiar en el despacho a las centrales que utilizan combustibles fósiles y consideradas por el gobierno federal como más seguras.
Pero también ha decidido validar otros puntos de la política, como el establecer a los privados el pago de nuevos servicios conexos.
Sin importar que la declaración de la Corte sea parcial, la dependencia dirigida por Nahle no podrá echar a andar nada de lo estipulado en la política ni en el documento del Cenace, pues previamente ya habían sido suspendidas todas las medidas por jueces.
La Suprema Corte determinó que la política de confiabilidad de Sener favorece de manera indebida a la estatal CFE.
«Lo que está permitiendo es que un competidor del sector de la industria eléctrica, como lo es la CFE, como empresa productiva del Estado, tome un papel de suma relevancia (…) lo que genera incertidumbre jurídica a todos los integrantes de ese sector incluso a los consumidores en general», se lee en el proyecto votado este miércoles por la Corte.
Pese a todo, el gobierno federal ha decidido elevar su propuesta de cambios en el mercado eléctrico, que se abrió con la reforma energética de 2013, con una iniciativa de modificación a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) enviada por el presidente el lunes pasado y que deberá ser discutida por las dos Cámaras del Congreso durante los siguientes 60 días.
La iniciativa enviada bajo la figura de preferente reúne la mayoría de los puntos planteados en la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, ambas tienen como fin último beneficiar a la estatal CFE.
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