El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este jueves que los tribunales cubanos permanecerán cerrados por una semana, por lo que en ese periodo de tiempo será imposible interponer recursos en favor de las víctimas de la represión en Cuba.
“Las estaciones de policía no reciben a los abogados contratados por los familiares para representar a los detenidos, las prisiones permanecen también cerradas y muchos detenidos han ingresado en prisión como medida cautelar y permanecen incomunicados”, indicó el organismo, con informes de su red de observadores en la isla, que mantienen un Amonitoreo permanente, pese a los cortes de internet y a las limitaciones de movimiento.
demás, añadió: “No hay ley, Cuba se encuentra en un estado de sitio o excepción no declarado, mientras las fuerzas represivas continúan con la represión, organizando redadas, allanando viviendas para detener a manifestantes con total discrecionalidad y violencia”.
Los informes recibidos por el OCDH señalan que varias personas del municipio de Bauta, en el occidente del país, se han refugiado en el monte, huyendo de la persecución.
En la provincia de Camagüey, autobuses ocupados por la policía están siendo utilizados para detener y transportar a los detenidos que han sido identificados en los videos de las protestas publicados en redes sociales. Mientras, madres y familiares deambulan por los centros de detención recabando información sobre sus familiares detenidos y/o desaparecidos.
El régimen cubano está imponiendo multas que van desde los 300 hasta los 5000 pesos a las personas detenidas. Este tipo de gravamen tiene como finalidad sacar rédito económico y significa una pena más para personas que protestan por la precaria situación económica que atraviesan. Los que han sido liberados están siendo obligados a permanecer en sus viviendas.
Autobuses con trabajadores de organismos estatales están saliendo de sus provincias para reprimir en otras regiones donde no les conozcan. A ninguno se les informa el destino antes de partir.
Denunciamos la indefensión judicial de los detenidos en Cuba y la cacería contra los manifestantes.