Considera que es un despropósito e inconcebible, la acusación que la fiscalía hace contra académicos por asociación delictuosa.
Un despropósito y algo inconcebible, la acusación de asociación delictuosa contra integrantes de la comunidad académica, considera el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, en relación a la acusación que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 investigadores, a petición de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
“La Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Estaremos atentos y comprometidos en ello”, afirmó al encabezar la ceremonia de cancelación de la estampilla postal por los 100 años del escudo y lema universitarios.
Estas acusaciones han generado una creciente preocupación y desasosiego entre la comunidad académica nacional, agregó el rector, ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y los presidentes en turno de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos de esta casa de estudios, Rafael Lira Saade y Mario Luis Fuentes Alcalá.
En el patio principal del Palacio de Minería, el rector canceló el timbre postal conmemorativo a los 100 años del escudo y lema universitarios, acompañado de Sheinbaum Pardo y la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez.
Los hechos
Fue el periodista Raymundo Riva Palacio, quien dio a conocer en su columna, que Alejandro Gertz Manero, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) a su cargo, solicitó a un juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, una orden de aprehensión en contra de 31 científicos por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, lo que ha provocado la indignación de la comunidad académica y solicita a la fiscalía que desiste de la acción penal.
El juez no concedió la orden de aprehensión solicitada por la FGR, pero le dio un plazo de 15 días para que sustente las acusaciones contra los 31 científicos.
La comunidad científica considera que la forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, ponen en evidencia que el fiscal Gertz Manero está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normalidad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país.
El origen del proceso judicial en curso, está basado en la denuncia que hiciera la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, donde acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. FCCyT), de haber recibido recursos ilegales provenientes del erario, por ello una de las más señaladas en el caso ha sido la doctora Julia Tagüeña, última coordinadora del Foro.
Los recursos que recibía anualmente el FCCyT para su funcionamiento estaban mandatados por el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, pero en un acto ilegal y unilateral, el Conacyt suspendió las transferencias desde 2019, lo que motivó que el 10 de enero de 2020 un juez federal resolviera conceder un amparo al Foro y ordenara que el Conacyt entregara los recursos económicos, pero su directora desacató la orden, cambió los estatutos del Conacyt para crear un foro consultivo interno y reemplazar al FCCyT con lo que el ampara concedido al Foro quedó sin sustento y el 14 de julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró sobreseer el caso y dio por concluido el litigio.
Foto: UNAM
