La diputada Sue Ellen Bernal, propuso que el monto asignado a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, no sea menor al 4 por ciento del PIB.
Porque la salud de la población no es cuestión de ideologías ni de colores partidistas, los diputados Sue Ellen Bernal Bolnik y Carlos Iriarte Mercado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) impulsan iniciativas destinadas a fortalecer el sistema de salud y dotar de reconocimiento legal al cuidador primario de personas enfermas.
La legisladora mexiquense presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 6 Bis y se reforma el artículo 77 Bis de la Ley General de Salud, con el fin de que en el Presupuesto de Egresos 2022 se asigne un gasto anual en salud equivalente a por lo menos el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Agregó que derivado de ello, el monto asignado a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, no deberá ser menor al 4 por ciento del PIB.
Al argumentar su propuesta, la diputada priista manifestó que “las decisiones y acciones que se han llevado a cabo en los últimos años han agravado la situación de un sector que, si bien padecía algunas problemáticas, hoy se encuentra en una severa crisis que ha afectado a las instituciones, al personal de salud y a la población que requiere atención médica ”.
Por su parte, el diputado de esta bancada partidista, Carlos Iriarte Mercado, planteó la adición del artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento del personal, destinada a garantizar la integración y el reconocimiento legal del cuidador primario, asistente personal o persona de apoyo, como co-auxiliar del equipo de salud, de manera integral.
Es decir, detalló, que estas personas pueden tener tal reconocimiento antes, durante y después de la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos y las personas adultas o adultas mayores, que requieran de atención constante y específica por edad, diagnóstico o discapacidad: Lo anterior evitará la ambigüedad jurídica que se asocia a la violación de derechos y la precarización de las condiciones socioeconómicas, dijo.
Iriarte Mercado destacó que en 2015, los adultos mayores conformaban el 10 por ciento de la población nacional, y para el 2030 serán el 15 por ciento. Esto último como resultado del incremento en la esperanza de vida.
“Si bien este dato es una buena noticia, también implica que cada vez más mexicanos realizarán labores completas o parciales de cuidado a un familiar o allegado”, abundó.
Planteó que el establecimiento de la figura de co-auxiliares es un primer paso legal para que estas personas cuenten con el acompañamiento suficiente, desde el Estado, en materia de capacitación, información e, incluso, laboral-salarial.
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