Si además del lucro, se solicita apoyo a una asociación, partido político o candidato a cargo de elección popular, la sanción se incrementará en un 40 por ciento.
Prisión de seis a nueve años, para todo aquel servidor público que lucre con el abastecimiento de agua potable, propuso el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez.
Agregó que, y si además del lucro, se solicita apoyo a una asociación, partido político o candidato a cargo de elección popular, la sanción se incrementará en un 40 por ciento.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar el capítulo XV y los artículos 276 quarter y 276 quintus del Código Penal para el Distrito Federal.
En el documento, Alarcón Jiménez señala que el acceso al agua potable es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de la Ciudad de México, y es por ello que para su protección, resulta imperioso elaborar un tipo penal que castigue a los servidores públicos y operadores de pipas de la Ciudad de México que generen un lucro de cualquier especie en razón del condicionamiento de distribución de agua potable a la ciudadanía.
Recordó que el agua que se utiliza en la Ciudad de México proviene de tres fuentes: 71% de aguas subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de forma tal que la principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos.
Añadió que el déficit hidráulico ha inducido a la sobreexplotación de los acuíferos, lo cual es resultado de un mayor volumen de extracción de agua del subsuelo con respecto de la cantidad que se infiltra. Anualmente, apuntó, el acuífero se recarga con cerca de 700 millones de metros cúbicos, pero son extraídos mil 300 millones; es decir, por cada litro de agua de recarga se extrae casi el doble.
Por otra parte, planteó que la carencia de agua en la Ciudad de México en las épocas de mantenimiento de los sistemas de captación y distribución, suponen una disminución importante en la calidad de vida de los habitantes, así como el crecimiento de riesgos en la salud pública. Es por ello, que las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías ponen en circulación pipas de agua potable para surtir a los afectados del desabasto de agua.
“Sin embargo, ante la demanda del vital líquido por parte de los usuarios, existen operadores y servidores públicos que lucran con la necesidad de distribución de agua, vulnerando directamente el derecho fundamental a su acceso y acrecentando la brecha de desigualdad entre la ciudadanía”, asentó el diputado.
Por ello, propuso que el artículo 276 quarter del Código Penal capitalino establezca que “al servidor público u operador de pipa de agua potable dependiente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México o de las Alcaldías de la Ciudad de México que condicione el abastecimiento de agua potable a cambio de cualquier tipo de lucro, se le impondrán de seis a nueve años de prisión y multa de quinientas a novecientas veces la Unidad de Medida y Actualización. El presente delito se investigará de oficio”.
A su vez, el artículo 276 Quintus establecería que “la pena y multa a que se refiere el artículo anterior aumentarán en un cuarenta por ciento a quien condicione el abastecimiento de agua potable solicitando el apoyo a una asociación o partido político o a cualquier candidato a cargo de elección popular, sin perjuicio de las sanciones administrativas o en materia electoral previstas por la normativa vigente”.
Congreso CDMX apoya propuesta de diputado Alarcón Jiménez
Con el propósito de proteger el único río vivo que hay en la capital, el Congreso de la Ciudad de México se pronunció a favor de una proposición del diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI), para solicitar información sobre el proyecto Parque Natural La Cañada, en la alcaldía Magdalena Contreras.
Desde tribuna, el legislador argumentó que en la demarcación se ubica el pueblo originario denominado La Magdalena Atlitic y, a decir de sus habitantes, hay preocupación por el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada” el cual, se presume, está a cargo de la empresa “Grupo FRISA”.
El legislador Alarcón Jiménez sostuvo que los comuneros denunciaron la realización de las obras, dentro de terrenos considerados como zona de conservación y al pie del río La Magdalena, de ahí que la preocupación de los habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar.
Por ello, el diputado hizo un exhorto a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales, remitan a esta soberanía un informe y documentos de administraciones anteriores relacionados al proyecto de rescate del río Magdalena.
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