En estado de indefensión se encuentran cientos de personas que no han recibido justicia, porque el Estado Mexicano omite el derecho a la asistencia con la decisión del presidente López Obrador de desaparecer el Fideicomiso de Atención a Víctimas del Delito, afirmó la comisionada Nacional de Atención a Víctimas, Nelyda Toscano Márquez, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA).
La especialista, dijo que la promesa de campaña de López Obrador para fortalecerlo y apoyarlo pasó a ser “letra muerta” después de ganar la elección presidencial y dar la orden para su cancelación.
Con esta decisión, dijo Toscano Márquez, la autodenominada Cuarta Transformación violentó la posibilidad de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, un logro legislativo que se necesitaba fortalecer y no debilitar como lo hizo la actual administración.
Contextualizó que, el Fideicomiso de Atención a Víctimas del Delito era un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Público cuya finalidad era servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal, en términos del dictamen de procedencia que para cada caso emitía el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) conforme a la Ley General de Víctimas, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Puntualizó que este Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, era un fideicomiso público de administración y pago, constituido mediante contrato formalizado por la CEAV, en su carácter de Fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciario, mismo que venía funcionando desde el 24 de noviembre de 2014.
Toscano Márquez señaló que el Gobierno Mexicano en todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas deben velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
Además, debe reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos que consagra la Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.
Lamentó que el Ejecutivo, con el apoyo de MORENA y sus aliados en el Poder Legislativo federal, borró de un plumazo el título Octavo Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en su capítulo Primero que señala el Objeto e Integración de dicho fondo y que en su Artículo 130 de la Ley General de Víctimas descibe: “Que el fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que la víctima podrá acceder de manera subsidiaria al fondo, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten”.
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