Con el objetivo de que, ante una situación de emergencia como la que se vive por la pandemia de COVID-19, se mantengan y hasta amplíen las fuentes de empleo, la diputada Mónica Fernández César propuso reformar a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso capitalino, destacó en su iniciativa que: “tiene como objetivo que, ante una situación de emergencia como la que se vive por la epidemia del COVID 19, sea una prioridad mantener e inclusive ampliar las fuentes de empleo y con ello generar mejores condiciones económicas en la capital”.
La Iniciativa, que fue presentada en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, señala que se trata de sumar esfuerzos con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para que los habitantes de la Ciudad de México accedan a oportunidades de trabajo dignas, sin distinción de sexo, edad, discapacidad, preferencia sexual, condición de salud o cualquier otra, más aún en un escenario como el que hoy vivimos.
Apunta que si bien existe una serie de acciones de gobierno en la capital que integran una política integral en materia de empleo, hay que reconocer que la situación que nos envuelve, ha complicado las condiciones de mantenimiento del nivel de empleo y más aún, para generar nuevos.
La propuesta es que en la Ciudad de México y ante una situación de emergencia declarada por las autoridades responsables, sea prioridad el mantenimiento, continuidad o ampliación de fuentes de empleo que impulse la continuidad de las personas en sus empleos.
Para ello, añadió la legisladora, el gobierno de la ciudad debe hacer uso de sus atribuciones en materia presupuestal, cuyas recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México, abonaron de manera sustancial en la reacción gubernamental ante la pandemia del COVID-19 en 2020 Y 2021.
El esquema que se propone detona a partir de una declaratoria de emergencia, que obligaría a aplicar en la Ciudad de México medidas parecidas a las que aplicaron otros países y regiones del mundo en materia de conservación y fomento del empleo.
Entre las medidas generales propuestas destacan prohibir despidos en situación emergente declarada, como una acción de protección inmediata a la planta laboral ocupada; abrir un mecanismo de captación de personas desempleadas que cumplan requisitos como ser joven, dentro de los márgenes de INEGI; ser mujer con problemas de violencia intrafamiliar; o bien, personas jefes y jefas de familia con problemas de salud crónico-degenerativas. También para aquellas personas que hayan perdido su empleo como consecuencia directa del cierre de la empresa de su empleador
También se contemplan beneficios para empleadores, como entrega de subsidios directos, apoyos fiscales y convenios de colaboración hasta por seis meses.
La propuesta incluida en la Iniciativa es que mediante esquemas como los citados, se genere apoyo a la población que perdió su empleo derivado de la eventualidad, se apoye a los sectores mencionados y se habiliten puntos específicos que cuenten con personas receptoras de los requisitos que para esos efectos se establezcan, y se institucionalice este apoyo con mecanismos de control.
La Iniciativa se turnó para su análisis y posterior dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales.
En la foto: Diputada Mónica Fernández César
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