Maxta González señaló que el gobierno tiene que invertir cantidades millonarias para reponer coladeras y otros elementos del mobiliario urbano.
Cárcel de dos a seis años a quien enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del equipamiento o mobiliario urbano que hayan sido robados, propuso la diputada del PRI Maxta González Carrillo en una Iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal.
La propuesta, que fue presentada al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, explica que el objetivo es inhibir el robo de mobiliario urbano y por supuesto evitar que se comercialice y se obtengan ganancias al hacerlo, además de evitar afectaciones al erario de la Ciudad de México.
La legisladora citó que son cinco las alcaldías en las que concentran el robo o faltante de accesorios de drenaje: Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan; en ellas hay decenas de avenidas primarias afectadas, muchas de las cuales son vías rápidas en las que se podría generar un accidente fatal: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes y Calzada Vallejo, entre otras.
Mencionó que de acuerdo con informaciones periodísticas, de enero de 2019 a noviembre de 2021, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) tuvo que desembolsar 33 millones 660,591.84 pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro viejo.
Año con año, añadió, las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas.
Añadió que las coladeras metálicas son vendidas a cinco pesos el kilogramo, 250 pesos más o menos por unidad, en negocios de fierro viejo, pero al gobierno de la capital le cuesta 12 mil pesos reponerlas.
Por ello, la Iniciativa propone adicionar el cuarto párrafo de la fracción III, Apartado A) del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal para que se imponga una pena de dos a seis años de prisión a quien enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del equipamiento o mobiliario urbano que hayan sido obtenidos a través del robo.
El mobiliario puede ser alcantarillas o tapas de registro de cualquier servicio público o privado, del alumbrado público, de energía eléctrica, de la red de agua potable, de la red de drenaje, de señalización vial, de gimnasios al aire libre, así como de parques y jardines.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y posterior dictaminación.
En la foto: Diputada Maxta González.
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