Hasta el momento, solo René Gavira Segreste ha sido vinculado a proceso por invertir 950 millones de pesos de la institución en la compra de 100 mil títulos bursátiles.
Con base en resultados de diversas auditorías, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que hasta el momento, el quebranto económico provocado a Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), Liconsa y Diconsa, asciende a 9 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, el titular de este organismo descentralizado que vino a sustituir a CONASUPO por orden presidencial, fue removido del cargo el pasado mes de abril, poco después de que empezaron a descubrirse las irregularidades.
Se trata de Ignacio Ovalle Fernández, quien al descubrirse el quebranto económico provocado a Segalmex, de inmediato fue removido y nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), instancia de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En abril del presente año, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que la salida de Ignacio Ovalle de la dirección de Segalmex se dio luego de una serie de investigaciones que realizó y que evidenciaron el desvío millonario de fondos públicos, en un esquema que involucró a empresas fachada y convenios irregulares para el procesamiento de leche.
Dijo que, apenas una semana antes del cese de Ovalle, el ex director de Administración y finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilicito de atribuciones y facultades derivado de la compra de títulos bursátiles con recursos públicos de Segalmex.
MCCI indicó que, en los primeros dos años de gestión de Ignacio Ovalle, Segalmex Segalmex no pudo acreditar el destino de más de 10 mil millones de pesos ante la ASF, convirtiéndose en la dependencia con las mayores irregularidades detectadas de toda la Administración Pública Federal.
Durante su periodo como director general, MCCI documentó los malos manejos dentro de Segalmex, entre los que se encuentran convenios irregulares para el procesamiento de leche, la entrega de contratos millonarios a empresas fachada y el extravío de estados financierons.
Durante el informe que presentó el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, indicó que se creó un grupo de trabajo interinstitucional para integrar debidamente los expedientes de las investigaciones en curso y sentar las bases para una gestión eficaz y honesta.
Aseguró que la SFP ha realizado 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, que las observaciones de la SFP y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suman cerca de 9 mil 500 millones de pesos.
Afirmó que hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la SFP y la propia Fiscalía.
Aseguró que, el propósito del grupo de trabajo interinstitucional es investigar, dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos que, además, ocasionaron una desarticulación administrativa en Segalmex, Liconsa y Diconsa.
A pesar de que, en base a las auditorias y a las investigaciones realizadas y a las denuncias presentadas por la senadora Xóchitl Gálvez, Salcedo Aquino indicó que “dichas denuncias están en etapa de investigación con miras a su judicialización, y principalmente son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”.
Hasta el momento, solo René Gavira Segreste ha sido vinculado a proceso por invertir 950 millones de pesos de la institución en la compra de 100 mil títulos bursátiles con valor de 100 millones de pesos a través de una casa de bolsa sin respetar la normativa. El titular de la SFP asegura que estos recursos que ya fueron recuperados.
Pese a todo lo narrado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que: “En total, los montos observados por la SFP y por el órgano auditor superior suman alrededor de 9 mil 500 mdp, lo que no significa que representen un daño patrimonial, debido a que se encuentran en proceso de aclaración, documentación o, en su caso, recuperación”.
Esto, señalado por la ASF debería encender las alertas, toda vez que puede ser el anuncio de que este robo al patrimonio de los mexicanos puede quedar impune ya que a nadie le constará que realmente se haya recuperado ese dinero y que él o los responsables enfrenten a la justicia.
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