En su examen periódico de los derechos fundamentales en la Unión Europea (UE), el Parlamento identifica numerosos problemas y pide a varios Estados miembros medidas para defender los valores comunes.
El pleno aprobó este jueves -con 410 votos a favor, 131 en contra y 42 abstenciones- su informe sobre 2020-2021, en el que señala varios ámbitos problemáticos y propone iniciativas para proteger la libertad, la igualdad y el Estado de derecho de forma más efectiva.
Amenazas diversas a los valores de la UE
Los eurodiputados muestran inquietud por el impacto de las medidas adoptadas durante la pandemia sobre la democracia y las libertades fundamentales, incluyendo los derechos de las personas que se relacionan con el sistema legal y la aplicación de la ley, y aquellas encarceladas.
También lamentan las persistentes violaciones del Estado de derecho en algunos países de la Unión y reiteran que el Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales están inextricablemente unidos.
Para proteger estos valores de la UE, y la distribución justa y legal de los fondos comunitarios, el Parlamento pide a la Comisión que aplique el mecanismo de condicionalidad presupuestaria. Los eurodiputados condenan a Polonia y Hungría por no cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia europeo, y piden que esto tenga consecuencias.
El texto también insiste en la importancia de proteger a los periodistas frente a los intentos de usar el sistema judicial para acallarlos, así como ante amenazas, ataques y violencia. Los eurodiputados se muestran preocupados por el uso en varios Estados miembros del programa espía Pegasus, en violación de los valores comunes.
Protección de los más vulnerables
Los eurodiputados denuncian de nuevo la violencia de género y exigen que Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia, y la propia UE, ratifiquen el Convenio de Estambul. También se pronuncian en contra de los movimientos antigénero y antifeministas que atacan sistemáticamente los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+. El texto condena los ataques a los derechos de las mujeres (incluida la salud sexual y reproductiva), en particular en Polonia, Eslovaquia, Croacia y Lituania.
Se muestran satisfechos por la apertura de procedimientos de infracción en julio de 2021 a Hungría y Polonia, la primera ocasión en que la Comisión lo hace específicamente para salvaguardar los derechos LGBTIQ.
Por último, el Parlamento Europeo condena enérgicamente las expulsiones sumarias en las fronteras y la violencia contra los inmigrantes, así como la criminalización de los trabajadores y activistas humanitarios. Para que Frontex no sea cómplice de estas acciones, los eurodiputados piden que suspenda las operaciones en los Estados miembros donde se producen.
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