JILOTEPEC, EdoMéx.- En 2016, María del Rosario Aarón Barrios, en complicidad con otra mujer, asesinó a una mujer embarazada para robarle su bebé; ya fue sentenciada a 73 años y cuatro meses de prisión.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió sentencia condenatoria de 73 años y 4 meses de prisión para esta mujer, tras acreditar su participación en el delito de feminicidio con la modificativa agravante de que la víctima se encontraba embarazada.
María del Rosario fue sentenciada por hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2016, en un inmueble de la localidad Xhimojay, en el municipio de Jilotepec, donde la víctima, quien cursaba el octavo mes de embarazo, se encontraba con la ahora sentenciada y otra mujer, quienes en algún momento la sometieron y golpearon para realizarle un corte tipo cesárea y extraer al bebé.
La víctima, así como su hijo, fallecieron en el lugar, por ello las involucradas colocaron los cuerpos en una carretilla y los trasladaron a una zona boscosa cercana al domicilio, donde los abandonaron y luego huyeron.
La Fiscalía estatal integró la indagatoria respectiva derivado del hallazgo de los cuerpos, y con el avance en la indagatoria fue posible establecer el móvil de los hechos, ya que las involucradas pretendían apoderarse del bebé de la víctima.
Con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra de esta persona, mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado por Policías de Investigación (PDI) de la Unidad Especial de Mandamientos Judiciales de la FGJEM, en octubre de 2021, en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California.
Tras ser capturada fue trasladada vía aérea a territorio mexiquense, en donde fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, y quedó a disposición de un juez.
Después de revisar las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por esta representación social, la Autoridad Judicial dictó esta condena para la acusada, además le fijó multa de 5 mil días de salario mínimo y 1 millón 423 mil 091 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.