DE REPORTEROS

Exige Coparmex blindar programas sociales para evitar su uso político-electoral

*Urge implantar reglas de operación para evitar condicionamientos

Por Juan García Heredia

En medio de los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, el sector patronal planteó hoy cinco acciones para blindar los programas sociales del uso político-electoral, entre ellas la implantación de reglas que eviten cualquier tipo de condicionamiento.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Instituto Mexicano para la Competitividad identificó que para 2023 el dinero presupuestado para transferencias gubernamentales -vía programas sociales- es, por mucho, el mayor del sexenio. Para este año se asignaron 865 mil 227 millones de pesos para programas sociales, un aumento en términos reales de 18.8% en relación con lo autorizado para el 2022.

Tras mencionar eso, la agrupación hizo notar que el pasado 4 de enero, el titular del Ejecutivo federal afirmó que “ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos […] es un asunto de estrategia política”, lo que -según opinión de la Coparmex- podría sugerir que existe una estrategia para captar una mayor cantidad de votantes a través de los programas sociales de forma clientelar.

En el documento Señal Coparmex de este 26 de enero de 2023, el sindicato patronal recalca que «ayudar a quienes menos tienen no debe ser un cálculo político, sino una convicción y un compromiso social y en favor del desarrollo inclusivo».

«Hoy, los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos para estudiantes de bajos recursos, están garantizados, se elevaron a rango constitucional para que no puedan eliminarse pero requieren blindarse ante el uso político o clientelar», subraya el organismo.

«Podría generar suspicacias -añade- que para este año el presupuesto para los programas clave haya crecido de forma exponencial; por ejemplo, el de adultos mayores 36.6% y el de Jóvenes en Educación Media Superior (que podrían ser primeros votantes en 2024) un 20%».

Así pues, la Coparmex planteó cinco acciones para blindar los programas sociales del uso político-electoral, entre las que destaca la necesidad de que haya reglas de operación técnicas y formales que eviten cualquier tipo de condicionamiento y que clarifiquen que los programas no están sometidos a la voluntad de ningún funcionario o partido político.

«Los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila comenzaron en los primeros días de este año (2023); ambos se presentan como la antesala para la elección presidencial en 2024», destaca dicha organización.

Foto: Cortesía

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