El Parlamento Europeo (PE) confirmó sus prioridades económicas, de empleo y sociales para este año, con el foco en la reforma de la gobernanza económica y la mejora de la protección social de los trabajadores.
Los dos informes preparados por Irene Tinagli (S&D, Italia) -sobre coordinación de la política económica- y Estrella Durá Ferrandis (S&D, España) -prioridades sociales y de empleo- se incorporarán ahora a la hoja de ruta de 2023 que deben acordar los líderes de la UE durante el Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo. El martes por la tarde, los eurodiputados debatieron los informes en el pleno.
Coordinación de la política económica
Los eurodiputados hacen hincapié en la necesidad de completar rápidamente la revisión del sistema de gobernanza económica de la UE, preferiblemente antes de dejar de aplicar la cláusula general de salvaguardia, que se activó debido a la pandemia de COVID-19.
En general, los eurodiputados están de acuerdo con las ideas de la Comisión presentadas en diciembre de 2022 y subrayan que las normas revisadas deben permitir un margen de maniobra suficiente para que los Estados miembros adopten medidas de resolución de crisis.
Sin embargo, son contrarios a depender demasiado de los análisis de sostenibilidad de la deuda para las normas actualizadas, argumentando que esto podría socavar la transparencia y obstaculizar la asunción de responsabilidades y la previsibilidad.
El Parlamento también considera que la Comisión debería hacer más para fomentar una mejor coordinación fiscal, diciendo que “todavía es en gran medida aleatorio si la agregación de las políticas fiscales nacionales da lugar a una orientación presupuestaria de la zona del euro que es adecuada y coherente con la política monetaria unificada” dirigida por el Banco Central Europeo.
El texto salió adelante con 486 votos a favor, 87 en contra y 57 abstenciones.
Coordinación de la política de empleo
En otro informe aprobado por 319 votos a favor, 171 en contra y 138 abstenciones, el pleno pide medidas concretas de protección social frente al creciente coste de la vida.
En particular, los eurodiputados demandan la rápida aplicación de la Directiva sobre salarios mínimos, una Directiva sobre regímenes de renta mínima, al menos 20 mil millones de euros para reforzar el sistema europeo de garantía infantil, y partir del Fondo Social para el Clima para sentar las bases para el desarrollo de sistemas de protección social con carácter ecológico a nivel nacional.
En el ámbito laboral, también hay que reforzar el instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) para dar prioridad a la lucha contra el desempleo y garantizar que todos los jóvenes de Europa tengan acceso a la educación, la formación y los períodos de prácticas remunerados.
Por último, los eurodiputados piden a la Comisión una nueva legislación que garantice el acceso a servicios esenciales como la vivienda, la energía, el transporte, el agua y los residuos, y la prohibición de las desconexiones energéticas para los grupos vulnerables.
Declaración de la ponente
Durante el debate, Estrella Dura Ferrandis (S&D, España) declaró: “Estamos tratando de navegar hacia una transición y necesitamos un timón social para completar nuestro viaje.
El Parlamento quiere políticas que garanticen el vínculo entre los objetivos de crecimiento económico y una transición socioeconómica inclusiva, que luche contra la pobreza, reduzca la desigualdad y cree empleos dignos con salarios y condiciones de trabajo decentes.
Este informe habla de un marco de convergencia social para desarrollar instrumentos que regulen la fluctuación del mercado, atenuar la volatilidad de los precios de la energía y garantizar la sostenibilidad y la supervivencia de nuestro sistema de bienestar social. En general, necesitamos un Semestre Europeo socio-ecológico que sea capaz de proteger a nuestra gente”.
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