La trata de personas es un delito que ha afectado a México durante años, explota la vulnerabilidad de miles de personas y deja unos 3 mil millones de dólares de manera ilegal a los grupos delincuenciales sólo en México, así lo afirmó el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister».
Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, recordó que la trata de personas es una problemática compleja, que afecta especialmente a mujeres, menores de edad, así como a migrantes en situación de vulnerabilidad. «Las redes de trata operan en distintas regiones del país y aprovechan la falta de oportunidades y la violencia en algunas zonas. Además, la corrupción y la impunidad con las autoridades han facilitado la perpetuación de este delito en nuestro país y en el mundo».
«Son más de 3 mil millones de pesos anuales que el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), estima en ganancias anuales para aquellos grupos delincuenciales que operan sólo en México; esta situación hace muy redituable asociaciones entre criminales y autoridades que se coluden entre si», advirtió.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos (2017), reconoció que el gobierno federal ha realizado esfuerzos significativos para combatir la trata de personas, pero persisten desafíos importantes. «La complejidad de este delito requiere de una estrategia integral que involucre a distintos actores, desde las instituciones gubernamentales hasta la sociedad civil; además, es necesario fortalecer la prevención y la sensibilización en la sociedad para evitar que más personas sean víctimas de este crimen».
En el marco del «Día Mundial contra la Trata de Personas de 2023» que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el abogado litigante mexicano reconoció que, «esta efeméride tiene como objetivo generar conciencia sobre la persistente problemática de la trata de personas y las amenazas identificadas en el Informe Mundial sobre la Trata de Personas.
«La campaña busca instar a los gobiernos, entre ellos el mexicano, fuerzas del orden, servicios públicos y sociedad civil a mejorar sus esfuerzos en prevención, identificación y apoyo a las víctimas, así como a poner fin a la impunidad que lesiona a miles de familias en todo el mundo”, dijo.
«La trata de personas se ve alimentada por la presencia del crimen organizado, la falta de oportunidades laborales, educativas y de salud, así como la violencia de género en la región. La corrupción en los niveles estatales y municipales también contribuye al problema», expuso el experto en temas de derechos humanos.
El abogado Fierro Hernández advirtió que Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Nayarit son las entidades con las regiones más afectadas; y Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí como los estados expulsores de mano de obra hacia los Estados Unidos, es decir, lugares donde las familias están divididas.
Explicó que la presencia de más empresas en la zona industrial ha aumentado la demanda de servicios, incluyendo los de índole sexual, relacionados con la presencia de migrantes japoneses y chinos. Además, el despojo de tierras ha expuesto a la población a la venta ilegal de tierras. «La falta de oportunidades en el campo y la migración hacia Estados Unidos y otras regiones del país también incrementan la vulnerabilidad”.
