Hasta golpes recibieron los transportistas, por defender su derecho al trabajo y la concesión que las mismas autoridades les dieron.
Como lo habían anunciado este viernes, transportistas se disponían a realizar mega manifestación y plantón indefinido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez por la expropiación de sus concesiones para entregarlas a particulares, pero el gobierno que encabeza Martí Batres les mandó 2 mil 500 policías (de los granaderos que dicen que ya no hay) a detenerlos.
Mientras los usaron para acarrear gente a los eventos de López Obrador o de Claudia Sheinbaum, o al plantón de López Obrador en Reforma, los transportistas no eran molestos para el gobierno morenista, hoy ya no los necesitan y, como a muchos, los desechan y les avientan la fuerza pública, denunciaron.
La mañana de este sábado, cuando los concesionarios del transporte público se concentraban en Las Bombas y en inmediaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, fueorn encapsulados por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), con saldopreliminar de 14 transportistas detenidos y 22 micros llevados al corralón.
Aprovechando la oportunidad, Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de inmediato puso en operación “nuevos” autobuses a cubrir las rutas de los concesionarios inconformes.
Al respecto, el líder de la Ruta 84, Ignacio Hernández, mostró el acta de la empresa creada por Andrés Lajous, con solo cuatro socios, en los Culhuacanes y sin ningún transportista, desmintiendo a SEMOVI de que todos están incluida, “y por eso hoy nos mandó granaderos”.
Anuncian transportistas cierre del Aeropuerto por expropiación de concesiones e inicio de operación de empresas fantasma
Este viernes, concesionarios de rutas zonales de los Culhuacanes, Azcapotzalco, Xochimilco y Águilas-Centenario, advirtieron que bloquearían el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y harían un plantón indefinido por la expropiación de sus concesiones para entregarlas a particulares y por el inicio de operaciones de empresas fantasma, con la anuencia de gobierno capitalino.
Arturo Toscano, asesor jurídico de las rutas afectadas, pidió al Gobierno de la Ciudad llevar a cabo un diálogo público, como lo hace López Obrador y cualquier Ciudad que practica la democracia, para demostrar los actos ilícitos llevados a cabo.
Adelantaron que en ese diálogo expondrían datos y pruebas que avalan las irregularidades y actos de corrupción de la Secretaría de Movilidad, que encabeza Andrés Lajous, con las empresas que pretenden operar dichos corredores.
Los transportistas, quienes afirman que no son minoría como lo ha señalado la Secretaría de Movilidad mostraron las pruebas en la que un pequeño grupo obtuvo, a través de desvío de recursos y empresas fantasmas, más de 61 millones de pesos para operar las rutas zonales, como el caso de los Culhuacanes.
Toscano explicó que el planteamiento a Andrés Lajous y a Martí Batres es la realización de un diálogo público al que tengan acceso todos aquellos interesados en conocer las irregularidades respecto a la conformación de empresas zonales y conozcan la realidad, no sólo a través de tarjetas con falsa información de Semovi.
Ignacio Hernández, presidente de ruta 84, dijo que tienen pruebas documentadas de la corrupción imperante en la Secretaría de Movilidad, como el agregado de más placas inexistentes para la obtención de bonos de chatarrización.
“Nos dicen minorías, que todos ya están adentro, pero nunca dan una respuesta pública y abierta, por eso la convocatoria que se está haciendo aquí, es que tengamos un diálogo público y abierto; hay medios electrónicos que nos dan la capacidad de que se ventile esa discusión, pero de forma abierta y pública, con documéntales en mano que también se tienen”, subrayó Hernández.
«Vamos a cerrar el Aeropuerto, y si seguimos sin tener respuesta del Gobierno, nos vamos a quedar a acampar, pues ya lo hicimos en 2006 cuando como transportistas apoyamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador en Reforma, porque estamos siendo pisoteados, como él fue pisoteado en esa ocasión», destacó.
Ante la intransigencia de la Secretaría de Movilidad y el anuncio que saldrán los primeros autobuses de las llamadas “empresas fantasma” en los corredores zonales, Arturo Maya del corredor señaló que van a cerrar la terminal aérea, como medida de protesta, al igual como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador, en Paseo de la Reforma, cuando le cometieron fraude.
“Vamos a cerrar el Aeropuerto si entran a trabajar los camiones el día sábado, vamos a ir a cerrar el Aeropuerto en compañía y con apoyo de las rutas hermanas del Estado de México, y los demás sectores afectados por los actos de corrupción”, puntualizó.
Hernández enfatizó que se realizó una supuesta asamblea con la empresa fantasma denominada Autobuses Barrios de Culhuacán, el 5 de julio, en la que excluyeron a 70 concesionarios, que ahora Lajous exige que chatarricen “pero si nos sacaron del proyecto para beneficiar a sus amigos y ahora cómo chatarrizamos”.
En conferencia de prensa, a la que asistieron concesionarios y sus familias, demostraron con actas constitutivas y oficios de la propia Semovi que las empresas conformadas actúan bajo la ilegalidad, al no contar con una concesión y de iniciar operaciones este sábado 7 de octubre, tendrían que ser enviadas al corralón, puesto que estarían violando la Ley de Movilidad.
Mónica Maya enfatizó que las rutas desplazadas por Semovi cuentan con amparos y denuncias penales -ya ratificadas- por lo que ahora piden a la Fiscalía Capitalina que investigue a los servidores públicos de esa dependencia que desviaron recursos del programa de chatarrización para la adquisición de autobuses.
«Hay una Ley que se debe respetar y es la de Movilidad, y estamos constituidos siguiendo esa normativa, y tenemos que estar constituidos en una empresa mercantil y así lo hicimos, pero ahora Semovi entregó el título concesión a otra parte, si minoritaria, y desvío también recursos a esas empresas ilegales», señaló.
Indicó que no sólo la Semovi, sino también líderes como Gabino Ortega, de una fracción de la ruta 57, han ejercido la corrupción, pues ha pedido hasta 650 mil pesos a otros concesionarios, para incluirlos en los proyectos que le entregó, de manera irregular, la dependencia que encabeza Lajous, a espaldas del Gobierno de la Ciudad.
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