Por: Guadalupe Lizárraga
Con la expansión del poder militar en México, bajo la administración de López Obrador, se pone en duda la cuestión del equilibro entre el control civil y militar.
Una reflexión sobre el poder militar continuado y fortalecido desde el gobierno de López Obrador.
VIDA DESNUDA
En la historia contemporánea de México, la relación entre el poder militar y el gobierno ha experimentado una transformación significativa bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno ha otorgado un papel preeminente a las Fuerzas Armadas, confiriéndoles responsabilidades que van más allá de la seguridad nacional y penetrando en sectores clave de la economía. Esta transformación, que el presidente ha protagonizado en su proyecto Cuarta Transformación, plantea preocupaciones cruciales sobre la separación de poderes y el equilibrio entre las instituciones civiles y militares en México.
Una de las manifestaciones más destacadas de este cambio es la participación activa de los militares en proyectos de infraestructura de gran envergadura, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, y la distribución de medicinas en la llamada “mega farmacia“. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es el reciente involucramiento en el sector aeroportuario y de la aviación, simbolizado por la resurrección de la línea aérea Mexicana de Aviación después de 13 años de inactividad.
El control del Ejército Mexicano sobre empresas clave en este sector ha llevado a la consolidación del poder en manos del subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general de División Diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón. Este militar ostenta la presidencia del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como la supervisión de los puertos aéreos de Palenque y Tulum, todos integrados en el Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica.
La designación del general García Rincón como presidente del Consejo de Administración de la nueva Mexicana de Aviación refleja la ampliación del alcance del poder militar en la toma de decisiones estratégicas de empresas clave. Este nombramiento resalta, por una parte, el grado de confianza que el presidente López Obrador ha depositado en las Fuerzas Armadas, pese a no tener un amplio consenso social para ello; pero, por otra parte, plantea cuestionamientos serios sobre la naturaleza de la gestión civil en sectores vitales para el desarrollo económico del país.
La sucesión del general García Rincón en el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, tras la jubilación de Agustín Radilla, evidencia la continuidad en la política de empoderamiento militar. Este hecho preocupa a los empresarios sobre la dependencia del gobierno en los militares para la gestión de sectores no tradicionalmente asociados con la competencia castrense. Ahora los empresarios se ven obligados a competir con administradores militares en empresas del Estado, al mismo tiempo que enfrentan la presión de extorsiones y violencia por los cárteles del narcotráfico.
Al analizar estos acontecimientos, surge la cuestión básica de una democracia y su Estado de derecho: hasta dónde se mantiene el equilibrio entre el control civil y militar. Si bien es innegable que la participación de las Fuerzas Armadas puede ser valiosa en áreas como la seguridad nacional, su expansión hacia la gestión de empresas y proyectos civiles plantea desafíos para el principio de la separación de poderes.
Es imperativo que la sociedad civil y los organismos de control gubernamental estén alerta ante la consolidación de este cambio de la vida pública para México, iniciado hace tres sexenios con la supuesta guerra contra el narcotráfico. Hoy, con la distancia que nos da el tiempo, podemos entender que la configuración del narcoestado ha sido una estrategia maestra que ha permeado todas las capas de la sociedad, erosionando la integridad institucional y desafiando los cimientos mismos de la democracia.
En este contexto, la vigilancia ciudadana, la acción regulatoria y una prensa libre e independiente se convierten en pilares fundamentales para preservar los valores democráticos y construir espacios con transparencia bajo el imperio de la ley a fin de restaurar la confianza en las instituciones. De lo contrario, el empoderamiento militar en ámbitos no tradicionales tendrá consecuencias no previstas, tanto en términos de transparencia y rendición de cuentas como en la salud de la democracia mexicana.
En última instancia, la expansión del poder militar, bajo la administración de López Obrador, exige un análisis crítico y un debate informado. Lo peor para México es normalizar esta presencia en nuestras vidas.
Fuente: www.losangelespress.com
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