DE REPORTEROS

Sepa la Bola | Un caso de ciencia ficción en Sinaloa

Claudia Bolaños 

Y Sepa La Bola… pero la Fiscalía General de la República (FGR) puso en entredicho la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex diputado federal, ex alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), señalando graves inconsistencias en el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Es increíble lo que sucede. 

La FGR  encontró una serie de irregularidades que ponen en duda la veracidad de la investigación estatal, incluyendo errores en la necropsia, la falta de medidas de preservación del cuerpo y una incineración que contraviene las prácticas criminalísticas para la investigación de homicidios.

Las inconsistencias no se limitan a la necropsia. La FGR destacó que el video de la gasolinera donde ocurrió el asesinato solo registra un disparo, mientras que la víctima recibió cuatro disparos en las piernas y presenta un fuerte hematoma en la cabeza. Además, los empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos, y la investigación no ha logrado identificar con precisión a los ocupantes de la camioneta involucrada.

Por eso la FGR  solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado un espaldarazo, información sobre el caso y pidió a la Fiscalía General del Estado que ceda la investigación a las autoridades federales, debido a la posible relación del asesinato con la captura del líder del cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada.

La carta de «El Mayo» Zambada, revelada por su abogado Frank Pérez, añade una capa de complejidad al caso. En la misiva, Zambada asegura que Cuén Ojeda fue asesinado en el mismo lugar donde él fue sometido por personas cercanas a Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán. La carta también menciona una disputa entre Rocha Moya y Cuén Ojeda por el control de la UAS.

Este caso plantea serias dudas sobre la capacidad de la Fiscalía de Sinaloa para investigar de manera efectiva el asesinato de un personaje tan importante como Héctor Melesio Cuén Ojeda. La FGR tomó la iniciativa de investigar el caso de manera independiente, lo que podría dar lugar a un enfrentamiento entre las autoridades federales y estatales.

La investigación del asesinato de Cuén Ojeda se encuentra en un punto crucial, y las acciones de la FGR serán determinantes para esclarecer la verdad y garantizar que se haga justicia.

Y Sepa La Bola pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un elefante blanco en la selva de la corrupción.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Doctores, se erige como un elefante blanco en medio de la selva de la corrupción. Con un presupuesto millonario y más de 80 mil  expedientes de juicios laborales sin resolver, esta institución, que debería velar por los derechos de los trabajadores, se convirtió en un bastión de la impunidad y la injusticia.

Las estadísticas de los últimos tres años son contundentes: la Junta resolvió menos del 10% de los casos, y la mayoría de las resoluciones favorecen a los patrones, no a los trabajadores. La corrupción se enquistó en el sistema, con juntas especiales que operan como mecanismos para beneficiar a las empresas y a los presidentes de las mismas, quienes suelen ser los principales beneficiarios de este sistema viciado.

No se trata de un secreto a voces, sino de un clamor generalizado. Decenas, sino cientos, de trabajadores despedidos se quejan de la falta de justicia y la impunidad que reina en la Junta. La corrupción se ha convertido en un cáncer que corroe los cimientos de la institución, como en la Junta Especial A impidiendo que se cumpla su objetivo fundamental: garantizar el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso a los trabajadores.

La Junta ha privilegiado la corrupción por encima de la innovación y la mejora de sus procesos. Se ha negado a implementar nuevas formas de trabajo que podrían agilizar la resolución de conflictos y mejorar la calidad del servicio. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos se han convertido en palabras vacías en el vocabulario de esta institución.

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