Ciudad de México, 14 de agosto de 2024.- Frente a la iniciativa de reforma
judicial propuesta el pasado 5 de febrero de 2024 por el presidente de la República
que propone, entre otras cosas, que personas juezas, ministras y magistradas sean
elegidas por votación popular y que el Consejo de la Judicatura Federal sea
sustituido por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina
Judicial, varias organizaciones de la sociedad civil destacamos los riesgos que
conlleva la iniciativa y ponemos sobre la mesa propuestas concretas para reducirlos.
Partimos de la premisa que la elección de personas ministras, magistradas y juezas
federales afectaría la autonomía del Poder Judicial como institución, así como la
independencia de las personas juzgadoras, toda vez que la función judicial no es
representativa sino de brindar una “justicia pareja” para todas y todos, sin influencias
externas, políticas, económicas o fácticas. En esta línea, el proceso de
preselección de las personas candidatas previsto en la iniciativa no es claro y no
garantizaría que estas sean las más idóneas para desempeñar la función judicial,
pues no se definen los criterios bajo los cuáles se hará la definición de las listas de
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las personas que serían votadas y le deja a cada Poder la decisión discrecional de
fijarlos.
“Por otro lado, es importante resaltar que, pese a que su exposición de motivos
establece que esta iniciativa busca reducir la politización en los nombramientos de
las personas juzgadoras, existe un alto riesgo de injerencia partidista y de los
Poderes del Estado en el mecanismo propuesto, pues cada uno de estos Poderes
propondrá un tercio de las personas candidatas”,por, Itzel Checa, Coordinadora
General del Observatorio de Designaciones Públicas.
Por otro lado, la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho, Laurence Pantin, expuso que “Estimamos que, como está
planteada actualmente la iniciativa, se someterían a elección 9 mil 972 personas
candidatas para ocupar mil 668 cargos a nivel federal y 30 mil 006 personas
candidatas para 5 mil 001 puestos a nivel local, llegando a un total de 39 mil 978
personas candidatas en dichas elecciones. Tal número de puestos de elección
implica un desafío para que la ciudadanía pueda conocer el perfil profesional y las
competencias de las personas candidatas, una condición indispensable para que las
y los electores emitan un voto informado”.
Ante este panorama, proponemos la conformación independiente de Comités
Técnicos de Evaluación, figuras que se han instalado para otras designaciones de
altas responsabilidades públicas. Los Comités se encargarían de establecer y
aplicar una metodología de evaluación objetiva y rigurosa que permita definir a las y
los aspirantes más preparados, mejor calificados para ejercer las funciones
judiciales y con cualidades sustantivas que garanticen el principio de ser y parecer
independiente. Es decir, a los perfiles más idóneos.
Lo anterior, desde una perspectiva basada en buenas prácticas y de estándares de
transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana efectiva, idoneidad,
igualdad de condiciones, paridad y rendición de cuentas que deben regir los
procesos de designación para brindar certeza jurídica, construir confianza
ciudadana y dotar de legitimidad de origen a estas importantes decisiones.
En este orden, proponemos que el proceso de preselección de las personas
candidatas considere las siguientes etapas bajo el mando del Comité Técnico de
Evaluación, con la finalidad de garantizar perfiles idóneos:
● Emisión de una convocatoria abierta y pública con las etapas y plazos del
proceso, así como con la metodología de evaluación que se seguiría.
● Revisión de los requisitos de elegibilidad.
● Aplicación de un examen de conocimientos teóricos-prácticos.
● Examinación del perfil de las y los aspirantes, a fin de evaluar la idoneidad
para ocupar la responsabilidad.
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● Realización de entrevistas públicas.
● Definición de las listas de personas candidatas con base en los resultados de
la evaluación.
● Elaboración de un dictamen/documento público fundado y motivado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que un buen
proceso de designación es un presupuesto esencial para fortalecer la independencia
judicial, por lo que la Cámaras de Diputados tiene una oportunidad para trazar una
reforma integral que vincule a las autoridades impartidoras de justicia con los retos
del país y las demandas de la sociedad, proporcionando a los poderes judiciales
una verdadera legitimidad democrática, sin atisbos de corrupción, impunidad,
nepotismo, tráfico de influencias y demás acciones que empañen el proceso y las
funciones del Poder Judicial. Esperamos altura de miras en esta apuesta de
transformación.