La administración de Joe Biden ejerce mecanismos de “poder blando” para promover sus intereses de política exterior.
TEXTUAL-es
Por J. Adalberto Villasana
El “poder blando” de EEUU en acción
La administración de Joe Biden utiliza mecanismos de “poder blando” para promover sus intereses políticos en algunas naciones. Así, según datos recientemente difundidos por a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de México, Washington utiliza la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y las fundaciones Ford, John y Catherine Macarthur, Comunidad y Rockefeller, entre otras, para lograr sus objetivos.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, informó que desde agosto de 2018 a 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos en México.
Enfocada en “trabajar con la oposición”, la organización, con el pretexto de promover la democracia, “interfiere” en la política interna del Estado, además de tratar de encontrar presuntos nexos de corrupción de la familia del presidente López Obrador. Los patrocinadores estadounidenses de la ONG mexicana deberían de gastar su dinero en algo más importante, cómo investigar la situación en torno de los hechos aparecidos en los medios de comunicación sobre posibles tramas de corrupción de los familiares de Joe Biden.
Según James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, el pueblo estadounidense debería de estar indignado por que la familia del presidente de Estados Unidos lleva mucho tiempo aprovechándose impunemente del cargo de Joe Biden para enriquecerse. Concretamente, un informe publicado recientemente por el legislador y su equipo habla de pruebas en tratos oscuros del hijo de Joe Biden con la empresa energética ucraniana Burisma. El documento cita casos similares en Rumania y Kazajstán.
Sin embargo, gracias al uso por parte de la administración de Joe Biden de otros instrumentos de “poder blando” –las corporaciones de información estadounidenses controladas-, estos escándalos de corrupción no recibieron amplia publicidad. Además, Washington está utilizando activamente diversas estructuras estatales para combatir los puntos de vista alternativos en los medios de comunicación, violando el principio de libertad de expresión, entre ellas se encuentra, en primer lugar, el Global Engagement Center del Departamento de Estado (creado bajo la administración de Barack Obama).
Este centro, con el pretexto de contrarrestar la desinformación, coopera con las estructuras pertinentes de los Estados pro estadounidenses de Europa para impedir que aumente el número de países cuyos dirigentes no quieren obedecer las instrucciones de Washington. En este momento, entre ellos se encuentran Hungría, Serbia y Eslovaquia, cuyos gobiernos tienen su propia valoración de la situación actual en Europa.
Otro motivo de preocupación es el hecho de que la Corte Penal Internacional (CPI), supuestamente independiente, pueda atribuirse ahora también a la herramienta de “poder blando” de la administración de Joe Biden.
Textualmente hay que decirlo: Los recientes acontecimientos demuestran que, por un lado, Estados Unidos quiere utilizar las capacidades de la CPI contra los países indeseables. También, afirman que la jurisdicción del tribunal no se extiende a Estados Unidos y a sus aliados más cercanos. Washington está incluso dispuesto a imponer sanciones a los representantes de la CPI por examinar casos contra ciudadanos estadounidenses y sus socios.
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