Ante el Intento de Nicolás Maduro por ungirse como Presidente por un nuevo periodo en la República de Venezuela, la detención de la opositora María Corina Machado y el llamado «fraude eléctoral» organizaciones contra la Tortura en América Latina hacen un llamado a garantizar los Derechos Humanos en estan nación.
Aquí el texto publicado por OMCT
10 de enero de 2025 – Organizaciones de derechos humanos en América Latina expresamos nuestra profunda preocupación por la crítica situación de derechos humanos que enfrenta la población en Venezuela. Durante los últimos meses, hemos atestiguado un incremento en actos de hostigamiento y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país, así como severos actos de represión de cara a la toma de posesión presidencial del día 10 de enero de 2025.
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la crisis de derechos humanos en Venezuela se agravó, y la represión generalizada aumentó. Hemos documentado y tenido conocimiento de arrestos masivos y selectivos en contra de opositores, manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, así como de desapariciones forzadas y actos de tortura en su contra. Actualmente, hay más de 2.300 personas detenidas arbitrariamente, incluidos 33 niños y más de 200 mujeres, además se ha documentado la muerte bajo custodia de al menos 20 personas privadas de la libertad por razones políticas.
El Estado venezolano ha seguido hostigando y criminalizando sistemáticamente a las personas defensoras y a las organizaciones de la sociedad civil. Desde 2024, las y los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda se encuentran detenidos arbitrariamente. Además, el 7 de enero de 2025, el director ejecutivo de la organización Espacio Público, Carlos Correa, fue detenido arbitrariamente y actualmente se encuentra desaparecido, situación que nos preocupa profundamente.
Desde las elecciones presidenciales, el gobierno de Venezuela no solo ha promovido actos de intimidación, hostigamiento, censura, detenciones arbitrarias de corta y larga duración, ataques digitales, entre otros, en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, sino también, ha consolidado un marco legal restrictivo que limita gravemente el espacio cívico y democrático en el país.
Esta crisis de violaciones generalizadas contra la sociedad civil y las personas defensoras no es nueva, sino parte de una estrategia sistemática para silenciar las demandas de verdad y justicia, en un contexto de impunidad generalizada. Desde 2022 hasta la fecha más de 1,300 ataques contra personas defensoras se han documentado, con un 78% de los casos vinculados al Estado.
Por todo lo anterior, urgimos al Estado venezolano:
- A poner fin de inmediato a los actos de represión, hostigamiento y criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, garantizando su integridad y liberando a todas las personas detenidas arbitrariamente.
- A que se respete el derecho a la libertad de expresión y manifestación, asegurando que las fuerzas de seguridad respeten los estándares internacionales, regulando el uso de la fuerza y evitando cualquier medida que limite estos derechos.
También llamamos a los Jefes de Estado de nuestros países, a:
- Priorizar la situación crítica de derechos humanos que enfrenta el país y pronunciarse enérgicamente sobre las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura que se están cometiendo en contra de personas defensoras de derechos humanos, personas que ejercen su derecho a la manifestación y libertad de expresión, así como en contra de las personas que son considerantes disidentes o de oposición.
- Urgir la libertad de todas las personas presas políticas y en particular, la de niños, niñas y adolescentes detenidos en el marco del contexto electoral.
- Permanecer vigilantes de la aplicación de leyes y marco normativo en vigor, el cual profundizará la criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil e implicará el cierre del espacio cívico y democrático en el país.
Las organizaciones abajo firmantes, también hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a continuar denunciando las violaciones a derechos humanos ocurridas en Venezuela y solidarizarse con las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos afectadas. El Estado Venezolano debe asegurar la rendición de cuentas y la sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos documentadas y denunciadas.
Foto: Xinhua
